La 'bomba' del PSOE con el dosier de Llorca pincha: Acude al juzgado solo con dos contratos ordinarios

Después de un mes haciendo ruido con la supuesta "bomba" del dosier de "irregularidades" contra el presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, el  PSPV-PSOE ha formalizado la denuncia por fin ante la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana. Tras la demora, el documento presentado se queda reducido a la mínima expresión. Los socialistas han podado drásticamente el informe, que ya no habla de supuestas tramas urbanísticas, obras públicas y disputas patrimoniales y societarias familiares. Finalmente, a la hora de pisar los tribunales, la montaña de insinuaciones se ha desinflado: acuden al juzgado únicamente con dos contratos públicos ordinarios del Ayuntamiento de Finestrat por servicios jurídicos.

Se trata de dos licitaciones tramitadas por procedimientos abiertos, de concurrencia competitiva con la publicidad y garantías legales que ello comporta y contra la que jamás habían sido denunciadas, para la contratación de asesoramiento jurídico adjudicado a la empresa Estudi General Advocats i Asessor SLP en los años 2018 (por un importe total de 154.880 euros) y 2023 (por 232.320 euros). Unas cuantías que se encuentran dentro del valor de mercado.

En el concurso de 2018 no se adjudica inicialmente a la primera opción: la oferta más baja del procedimiento corresponde a otro licitador (Noguera Abogados), el cual es excluido tras no subsanar correctamente los requerimientos de bajada anormal de precios en los plazos establecidos, lo que propicia que el contrato recaiga de forma reglada en Estudi General, que ocupa la segunda posición.

Con ello, el PSOE intenta tejer una trama de supuesta "arbitrariedad". El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, junto al secretario de Organización del partido, Vicent Mascarell, han denunciado ante los medios de comunicación a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia que el exdiputado David Serra "asesoraba a Llorca, lo que le habría obligado a abstenerse en el proceso de adjudicación". "Lo que vemos es una relación sospechosa entre la relación de la adjudicación de Pérez Llorca como alcalde y ese despacho que asesoraba a su familia". La acusación socialista intenta forzar una vinculación política al señalar al letrado David Serra, obviando que Serra ni es el propietario, ni el socio mayoritario de la mercantil investigada. 

El escrito de denuncia consultado por ESdiario sostiene que los hechos son indiciariamente constitutivos de los delitos de prevaricación administrativan cohecho y fraude. Para argumentar la adjudicación irregular el texto da una vuelta de tuerca y expone que posiblemente "la adjudicataria se comprometió a adscribir diez letrados que no tenía ni ha dispuesto, que obtuvo con ello puntos para la adjudicación y que el Ayuntamiento lo toleró y abonó el precio íntegro, de un contrato además un 50% más caro que el anterior", y que "obtuvo el contrato sin acreditar la solvencia exigida y con la complicidad de quien debía verificarla". 

Unos hechos que el propio David Serra desmiente tajantemente. Preguntado por ESdiario, defiende que sí se dispusieron y se acreditaron de los diez letrados. 

Además, la parte denunciante señala que "de confirmarse" los vínculos y la prestación de servicios jurídicos a la familia del alcalde, estos podrían ser constitutivos "al menos en la modalidad de cohecho pasivo impropio del artículo 422 CP".

Aún así, Muñoz interpela directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole una investigación interna dado que el informe proviene de dentro del PP: “¿Por qué tenemos que confiar los valencianos? Si el Partido Popular no se fía de Pérez Llorca y hace dosieres contra él de manera interna”, espetaba el portavoz socialista.