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29-N: EL OBSERVATORIO DE FELIP

La gran exclusión que Sánchez no quiere ver

España no puede seguir siendo un país diseñado para parejas con dos nóminas y convertido en un lugar cada vez más hostil para quien decide, o se ve obligado, a vivir solo. La soledad no debería ser sinónimo de precariedad.

Imagen generada por IA

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Se trata del impuesto por vivir solo. España avanza hacia un modelo social donde millones de personas viven solas, trabajan, cotizan, pagan impuestos y sostienen solas cada factura de su vida. Pero las actuales políticas públicas siguen diseñadas para una pareja de dos sueldos, dos nóminas y dos personas entre las que repartir el alquiler, la luz, el gas, el agua, la comunidad y la precariedad. El resultado es una injusticia estructural: quien vive solo paga más por existir.

No es una cuestión menor. Según el INE, los hogares unipersonales ya representaban el 29,1 % del total en 2025, frente al 25 % en 2015. Son personas divorciadas, separadas, viudas, jóvenes emancipados, profesionales autónomos, mayores que no quieren depender de nadie y trabajadores con empleo estable que, pese a todo, no llegan a fin de mes. No son una minoría excéntrica. Son una realidad demográfica y económica que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva ocho años decidiendo no ver. Tiempo suficiente para haber reformado la fiscalidad, construido vivienda pública, rediseñado las ayudas, revisado las tarifas energéticas y adaptado el Estado a la forma en que la gente vive realmente. Ha tenido ocho años para hacerlo. Y no lo ha hecho.

Ha habido anuncios, ruedas de prensa, planes, decretos y eslóganes. Pero no ha habido una política integral, seria y estable para los singles y los hogares unipersonales. No existe una estrategia nacional que reconozca que una persona con un único ingreso enfrenta una carga económica radicalmente distinta a la de una pareja con dos. No existe una protección fiscal específica. No existe una política de vivienda pensada para quien alquila o compra solo. No existe una tarifa energética que deje de castigar los gastos que no se pueden dividir entre dos. Eso no es falta de tiempo. Es falta de voluntad política.

Vivir solo no es un lujo. Es, para muchos, una necesidad: tras una ruptura, una viudedad, una mudanza laboral o, simplemente, una decisión legítima de independencia. Pero en la España actual, esa independencia se ha convertido en un peaje. El alquiler no se reparte. La calefacción no se reparte. La luz, el agua, internet, la comunidad, el seguro del hogar y los gastos fijos no se reparten. Todo recae sobre un único salario. Y cuando los precios suben, quien vive solo no tiene con quién dividir el golpe: lo absorbe entero.

Los datos lo dejan claro. Quien vive solo destina de media alrededor del 40 % de sus ingresos netos al alquiler, frente al 20 % de una pareja; y los gastos de suministros pueden absorber cerca del 43 % de su sueldo neto, frente al 25 % de un hogar de dos personas. Eso no es una elección de consumo. Es una penalización económica por no tener a alguien al lado. El problema no es solo que el alquiler sea caro o que la energía se haya encarecido. El problema es que el Gobierno sigue midiendo la necesidad social con la vara de la familia tradicional.

El single que trabaja, cotiza y paga sus impuestos no recibe el mismo reconocimiento que un hogar de dos salarios. Se le trata como si tuviera la misma capacidad económica, cuando en realidad carga con el 100 % de los gastos fijos y con el 100 % del riesgo vital. Es una contradicción brutal: un Gobierno que presume de progresismo y de proteger a los vulnerables mantiene un modelo que castiga a quien vive solo. Precisamente porque vive solo.

La vivienda es donde esta ceguera se vuelve imperdonable. En las grandes ciudades, encontrar un piso digno con un solo salario se ha convertido en una odisea. El alquiler devora la nómina, la compra es inaccesible y la vivienda pública es escasa, lenta e insuficiente. No basta con prometer más pisos. Hace falta una política que entienda que una persona sola no compite en igualdad de condiciones con una pareja de dos ingresos. Necesita garantías de alquiler, ayudas directas, acceso prioritario a vivienda asequible, control real de los precios y una oferta de pisos pequeños, dignos y estables.

Ocho años son demasiados para seguir diciendo que el problema es nuevo. No lo es. Los datos del INE llevan años señalando el crecimiento de los hogares unipersonales; la carestía, la energía y la vivienda llevan años golpeando con especial fuerza a quien vive solo. Lo nuevo sería que el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera dejado de mirar hacia otro lado.

España no puede seguir siendo un país diseñado para parejas con dos nóminas y convertido en un lugar cada vez más hostil para quien decide, o se ve obligado, a vivir solo. La soledad no debería ser sinónimo de precariedad. Y la independencia no debería costar más que la dependencia. Si Pedro Sánchez quiere seguir hablándonos de justicia social, que empiece por reconocer que la justicia también se mide en la factura de la luz, en el alquiler que se paga solo y en la dignidad de quien no tiene a nadie con quien repartir la vida.

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