La campana de la Catedral oriolana como símbolo de una decadencia

La torre de la Catedral de Orihuela es la parte más antigua del templo diocesano. Para su construcción se aprovecharon materiales de la primitiva mezquita y probablemente la cimentación sea la del antiguo minarete musulmán. Carente de toda ornamentación, algunas arquerías del campanario, según los expertos, fueron cargadas como consecuencia de la utilización carcelaria que durante mucho tiempo se le dio a la torre que sirvió como prisión del Obispado y también como refugio a los que solicitaban el derecho de asilo, una vez traspasadas las cadenas situadas a escasos metros de la puerta del mismo nombre. Esto daría lugar a numerosos pleitos entre la jurisdicción ordinaria (que dependía de la Corona de Aragón) y la religiosa (sufragánea de la diócesis de Cartagena y, por tanto, castellana). El abuso que se hizo del derecho de asilo obligaría finalmente a los concejos de Murcia y Orihuela a firmar un tratado de extradición en 1382.

Una de las campanas de la torre catedralicia se desprendió, afortunadamente hacia el interior, justamente en la señalada fecha del Domingo de Ramos cuando se acumula en torno a la seo un gran número de personas que participan en la tradicional procesión de las Palmas. Situada a la vuelta de la torre se encuentra la Puerta de la Anunciación, proyectada por Juan Anglés que la concibió como un espléndido arco del triunfo; hay un ángel que contribuye a la prestancia del arco y posiblemente a los oficios de este buen custodio cabe atribuir que a estas horas no estemos lamentando desgracias personales.

Pero más allá de lo que puso ser y afortunadamente no fue, creo que estamos ante una oportunidad de reflexionar sobre lo ocurrido como símbolo de un casco histórico que se nos cae a pedazos mientras los responsables municipales de las sucesivas Corporaciones siguen haciendo estudios, consultas y catálogos. Leía la semana pasada que el Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado los trabajos para la revisión del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del término municipal, un documento imprescindible para la protección del patrimonio cultural y la planificación urbanística del municipio. Este catálogo forma parte del Plan General de Ordenación Urbana y es el instrumento técnico que identifica, describe y protege los elementos del patrimonio arquitectónico, arqueológico, etnológico, paisajístico y ambiental de Orihuela. El actual catálogo fue aprobado en 1991, por lo que su contenido ha quedado obsoleto tanto desde el punto de vista técnico como normativo ya que en estos 34 años se han producido cambios significativos en el marco legal, como la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, y han surgido nuevas sensibilidades hacia la protección del paisaje, el patrimonio inmaterial y el medio rural, que requieren una actualización integral del documento, según señalan desde el equipo de gobierno.

Además, a juicio del concejal de Urbanismo Matías Ruiz, el crecimiento urbano, la evolución de los núcleos poblacionales, la aparición de nuevos valores patrimoniales y la necesidad de una integración más eficaz entre conservación y desarrollo hacen imprescindible esta revisión, que permitirá dotar al municipio de una herramienta moderna, coherente y adaptada a los retos actuales. El concejal ha destacado que este proceso “no es solo una obligación legal, sino una oportunidad para redefinir cómo queremos preservar nuestro patrimonio y proyectarlo hacia el futuro. Queremos que esta revisión sea fruto del consenso y por eso abrimos el proceso a la participación ciudadana desde el primer momento”.

Ruiz Peñalver ha explicado que el catálogo es una herramienta fundamental para garantizar la protección del patrimonio inmueble y de los espacios que conforman la identidad de Orihuela. “Contamos con una riqueza patrimonial inmensa, desde edificios históricos hasta paisajes agrarios o elementos etnológicos, que merecen una revisión profunda y actualizada. Gracias a este catálogo se facilitará y agilizará la rehabilitación del centro histórico”. Entre los objetivos principales del documento que se someterá ahora a consulta destacan: garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de patrimonio cultural y territorial; actualizar los bienes ya catalogados y revisar su estado de conservación y nivel de protección; incorporar nuevos elementos que hayan adquirido valor patrimonial o que anteriormente no fueron incluidos; mejorar la integración del catálogo en la planificación urbanística y territorial; e impulsar una visión más amplia que integre el patrimonio material y los paisajes culturales y rurales. Y concluye el concejal: “Orihuela no puede entenderse sin su patrimonio y esta revisión del catálogo es una oportunidad para reforzar nuestra identidad y también para generar nuevas oportunidades en ámbitos como la cultura, el turismo o la rehabilitación urbana”.

El tiempo ha demostrado sobradamente que sin estímulos para una auténtica implicación de la iniciativa privada, los planes, ordenanzas y catálogos urbanísticos quedan para mayor gloria de quienes los promovieron y redactaron

Difícilmente se puede estar en contra de tan loables propósitos. Pero la experiencia nos sitúa ante otras realidades. Por ejemplo, el nuevo catálogo nos colocará ante un espejo donde habrá edificios ya desaparecidos, inmuebles con tal grado de deterioro que no cabe más que la declaración de ruina ante el riesgo de derrumbe y, en general, otras construcciones y espacios urbanos cuya inclusión en el citado catálogo no tendrá más virtualidad que la de dejar constancia de ello porque el papel es muy sufrido pero la vida real muy otra. En efecto: el tiempo ha demostrado sobradamente que sin estímulos para una auténtica implicación de la iniciativa privada, los planes, ordenanzas y catálogos urbanísticos quedan para mayor gloria de quienes los promovieron y redactaron. En el excelente trabajo Orihuela, un patrimonio arquitectónico rural y urbano en peligro, de Emilio Diz Ardid y José Aledo Sarabia (Instituto de Cultura ‘Juan Gil Albert’, 1990) puede encontrarse amplio testimonio de ello.

No olvidemos que el Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de Orihuela (PEOPCHO), aprobado en abril de 1994, tiene como objetivos, en relación al planeamiento urbanístico y a la conservación de la trama y valores arquitectónicos del Centro Histórico: recomponer física y formalmente el Centro Histórico de la Ciudad de Orihuela; mejorar la calidad urbana y las condiciones ambientales y de habitabilidad; y poner el centro urbano al servicio de los ciudadanos. Después de 31 años que lleva en vigor este Plan, ¿alguien puede creer que se han cumplido estos objetivos? Resulta evidente el fracaso del mismo. Pero lo peor es que nadie, de entre los que deben, ha puesto solución al problema.

Pasemos ahora a otro asunto conexo. El Bien de Interés Cultural (BIC) es una figura creada para la protección bienes muebles e inmuebles y viene regulada por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. En diciembre de 2021 había en España cerca de 30.400 inscritos, aproximadamente la mitad bienes inmuebles (muchos de ellos, monumentos, iglesias, castillos, fortalezas, palacios) y el resto, bienes muebles (en su mayoría, pinturas y dibujos). Este tipo de bienes pueden ser de titularidad pública o privada. Además del conjunto histórico artístico declarado en 1969 para el casco antiguo, Orihuela tiene registrados 23 bienes de interés cultural: 15 inmuebles, en su mayoría eclesiásticos; 6 muebles, entre ellos 4 campanas; y 2 bienes inmateriales.

Para los propietarios particulares de estos bienes se imponen fundamentalmente estas obligaciones: compromiso de proteger el patrimonio (acudiendo, en su caso, a las posibles ayudas y exenciones fiscales); las modificaciones y reformas deben ser autorizadas por la Administración; si el bien sufriera daños, deben comunicarlo a la Administración competente y además permitir las visitas para inspección; puede venderse la propiedad, previa comunicación comunicarlo también a la Administración que además, se reserva el derecho de tanteo y retracto (es decir, cuenta con preferencia a la hora de comprar). Por último, deben permitirse las visitas públicas, que serán gratuitas, un mínimo de cuatro días al mes y por lo menos cuatro horas al día.

En caso de que el propietario no cumpla con su obligación de mantener el bien en perfecto estado de conservación, la administración competente debe hacerse cargo de las actuaciones necesarias para ello y el coste de las mismas le será imputado al mismo. Cualquier ciudadano puede denunciar ante las autoridades competentes la dejación en el deber de cuidado y mantenimiento del Bien de Interés Cultural. Por otra parte, el solar sobre el que se asienta un BIC carece de valor económico; es decir, no se puede vender como tal, sólo puede valorarse económicamente el edificio declarado BIC y su contenido, medida que tiene como objetivo combatir la especulación con los terrenos donde se asienta el bien. Además, es obligatorio redactar un plan especial de actuación (Plan Director) que asegure la conservación del inmueble y del cual es responsable la administración competente.

Han pasado 30 años, tiempo suficiente para hacer balance. ¿Alguien en su sano juicio puede afirmar que se ha logrado alguno de estos objetivos?

Recuerdo que en un artículo publicado en el diario Información (julio de 2020) por nueve reconocidos académicos y profesionales, bajo el título “Un cambio de rumbo por el futuro del patrimonio oriolano”, planteaban a propósito del desplome del techo de la sacristía barroca de la oriolana iglesia parroquial de las Santas Justa y Rufina, “la necesaria prioridad de una previsión adecuada, ante lo que no se puede considerar ni un hecho insólito ni aislado”, además de expresar “la inquietud sobre otros casos comparables o, incluso, más graves”. Tras señalar muy acertadamente que la inercia teórica de la “protección” apenas ha funcionado, afirmaban que “las medidas conservacionistas establecidas se muestran insuficientes ante el panorama que se dibuja: la ruina del patrimonio y la degradación irreversible en nuestros días de la ciudad histórica” para terminar pidiendo a la Iglesia, el municipio, la Generalitat, ministerios, empresas y universidades que estén a la altura para acometer ese cambio de rumbo que necesita el patrimonio oriolano.

Esta es la cuestión ¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque la legislación aplicable impone obligaciones pero no sirve para lo que pretende conseguir. Insisto. El Plan Especial de Conservación del Casco Histórico de Orihuela se aprueba en 30 de abril de 1994 y tiene como objetivos, en relación al planeamiento urbanístico y a la conservación de la trama y valores arquitectónicos: recomponer física y formalmente el Centro Histórico de la Ciudad; mejorar la calidad urbana y las condiciones ambientales y de habitabilidad del centro histórico; y poner el Centro Histórico al servicio de los ciudadanos. Han pasado 30 años, tiempo suficiente para hacer balance. ¿Alguien en su sano juicio puede afirmar que se ha logrado alguno de estos objetivos? Luego parece que no resulta descabellado afirmar que la recuperación del centro histórico oriolano se hace contando, sí o sí, con el estímulo a la iniciativa privada o no se hará.

Hace tiempo que algunos planteamos, con nulo resultado, la creación de un ecosistema creativo en la margen izquierda del Segura a su paso por la ciudad, mediante una transformación innovadora que contemplara tanto continente (espacio físico, inmuebles) como contenido, desde una consideración previa y obvia: el centro histórico es imposible que exista si no tiene vida. Por ello, la propuesta aboga por acudir a la economía creativa como impulsora del desarrollo de un tejido empresarial profesionalizado, basado en las industrias creativas y culturales, en la transformación digital, y que funcionaría como motor de regeneración, tanto de la economía local como del entorno urbano en sí mismo, en este caso mediante la puesta en marcha de instrumentos ya existentes (convenio con las Administraciones autonómica y estatal –Áreas de Regeneración Urbana-, uno por ciento cultural, fondos europeos…) y otros que puedan surgir.

Una apuesta para que los sectores culturales y creativos dinamizaran la ciudad y mejoraran la calidad de vida de las personas. La creatividad entendida como aportación de nuevas ideas y conceptos, capaces de aportar soluciones innovadoras

Se trataba de un proyecto estratégico de ciudad, formulado desde la dimensión económica de la cultura, que actuara como motor de transformación y de crecimiento social y económico, donde convivieran creatividad, talento (economía digital), innovación e interacción, ocio y educación, vivienda y centros de trabajo. Una apuesta para que los sectores culturales y creativos dinamizaran la ciudad y mejoraran la calidad de vida de las personas. La creatividad entendida como aportación de nuevas ideas y conceptos, capaces de aportar soluciones innovadoras. Y todo ello dirigido a la recuperación del centro histórico y su conversión en un ecosistema vivo y dinámico.

En definitiva, se buscaba preservar el patrimonio cultural oriolano –para ello es fundamental dotarlo de las herramientas propias del patrimonio inteligente- y orientar la actividad tradicional de Orihuela hacia una economía del talento, mediante la combinación de tres perfiles muy concretos (emprendedor, tecnológico y creativo), generando espacios de formación, trabajo y encuentro para identificar modelos de negocios innovadores. Sin olvidar, para esta regeneración, la rehabilitación de espacios en desuso, la incorporación de la arquitectura efímera/itinerante en los espacios vacíos, y favoreciendo –por supuesto- una integración física urbana pero también social. La propuesta logró el reconocimiento de la Copa España de Ciudades Creativas pero quedó durmiendo el sueño de los justos en algún cajón de la Casa Consistorial.

Los promotores de la idea éramos -y seguimos siendo- conscientes de que esta ambiciosa tarea resulta imposible de acometer sin un esfuerzo común y coordinado que involucre a los particulares afectados y a las instituciones públicas y privadas, en sus distintos niveles. Teniendo en cuenta, efectivamente, que únicamente actuando desde una gran generosidad y altura de miras pueden acometerse los ejes fundamentales en los que se asienta este paradigma innovador, como son: Adopción de un modelo de protección y conservación preventiva del patrimonio, con el fin de optimizar su estado y de disminuir costes. Gestión de uso para generar un desarrollo sostenible en la zona y proporcionar nuevas oportunidades de futuro a sus habitantes. Implementación de procesos de eficiencia energética en los conjuntos culturales e históricos, sin alterar su valor patrimonial. Seguridad y vigilancia, mejorando factores como la accesibilidad de los visitantes y garantizando la integridad de los bienes patrimoniales. Difusión y exposición, reforzando el vínculo histórico y cultural que hay entre la sociedad civil y su patrimonio.

Cada vez más, los años llevan a uno a instalarse en un escepticismo que se impone a la mínima esperanza. Pero ello no obsta para seguir ejerciendo el más elemental derecho de ciudadanía y seguir denunciando la profunda decadencia que asola al centro histórico oriolano.