Aspe en pie de guerra contra la nueva planta descomposición de neumáticos: "es una amenaza para la salud"

Ecologistes en Acció del País Valencià ha denunciado ante las administraciones públicas la instalación de una planta de pirólisis de neumáticos fuera de uso (NFU) en el polígono industrial de la Avenida de Navarra, en Aspe (Alicante), al considerar que el proyecto representa una “amenaza para la salud pública y el medio ambiente” y presenta “graves deficiencias técnicas, legales y urbanísticas”. Detrás de este proyecto se encuentra Grupo Soledad dirigido por el máximo representante de los empresarios alicantinos, Joaquín Pérez, que ha cedido el suelo a Greenval Asset Aspe S.L.

La organización ecologista ha presentado un documento de alegaciones con trece objeciones detalladas contra el proyecto, que plantea el tratamiento de 10.000 toneladas anuales de NFU mediante pirólisis, un proceso de descomposición térmica sin oxígeno que genera gas de síntesis, aceite pirolítico y negro de carbón.

Según el documento de alegaciones, la planta de neumáticos “omite datos relevantes sobre las emisiones contaminantes” y no incluye estudios de impacto en la salud ni análisis de dispersión de contaminantes en la atmósfera. Subraya que el proceso podría liberar compuestos peligrosos como benceno, tolueno o naftaleno, sin incorporar sistemas adecuados de reducción de partículas, metales pesados, dioxinas o furanos. La entidad ha denunciado que no se ha solicitado la preceptiva autorización de emisiones a la atmósfera, a pesar de que el proyecto reconoce la existencia de dos focos de emisión. “No se ha determinado si estas emisiones se equiparan a las del gas natural, algo crucial para su clasificación”, han señalado, y han advertido de que, al tratarse de una gran industria química, debería tramitarse una Autorización Ambiental Integrada (AAI) y no una simple licencia ambiental. Asimismo, los ecologistas han denunciado que el proyecto no aclara el destino final del negro de carbón ni del aceite pirolítico generados, considerados aún residuos peligrosos en ausencia de justificación técnica y contratos específicos de valorización.

En este punto, la planta de pirolisis señala a ESdiario que la autorización de emisiones a la atmósfera está en proceso de solicitud y lamenta que el colectivo ecologista se adelante a los acontecimientos. Fuentes de Greenval Asset Aspe y Rocamora consultadas por este diario trasmiten "tranquilidad" asegurando que se incluirá un "sistema de reducción catalítica selectiva (SCR)". "Es un sistema para reducir los emisiones de gases de combustión en la chimenea atrapando las emisiones de la combustión", explican. El sistema cuenta con "el respaldado", según la compañía, de la planta piloto de Zaragoza: "Hay analíticas que cumplen con la normativa de emisiones y en función de los resultados nos basamos para esta réplica en Aspe".

Las mismas fuentes defienden que este proceso está reflejado en el informe que se ha enviado a Servicios de Protección de la Atmósfera de la Generalitat Valenciana. Rechazan que se haya omitido información como acusa el grupo ecologista, sino que el proyecto se encuentra en una fase temprana de tramitación habiendo presentado asimismo las solicitudes de las distintas sectoriales para la obtención de la obtención de la licencia ambiental por parte del Ayuntamiento de Aspe (EU-PV), que no responde a las preguntas de este diario.

Suelo "incompatible"

Otro punto conflictivo con la planta es la compatibilidad del uso del suelo propiedad del Grupo Soledad de Joaquín Pérez, presidente de la CEV Alicante. Preguntada por ESdiario, la compañía se desvincula del proyecto. 

No obstante, el documento de alegaciones sostienen que la actividad de la planta, “no encaja con los usos permitidos” por el Plan General de Ordenación Urbana de Aspe, que prohíbe el depósito de residuos y las industrias de alta peligrosidad en la zona afectada.  

Al respecto, la planta de pirolisis responderá a las alegaciones presentadas por Ecologistes en Acció, contestando entre otras cuestiones a la denuncia por la supuesta carencia del informe de compatibilidad urbanística exigido por la Ley 6/2014, que aseguran que sí tienen aprobado. 

Por todo ello, Ecologistes en Acció del País Valencià ha exigido la paralización inmediata de la tramitación y la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable. Han reclamado que se imponga la presentación de una AAI conforme a la legislación vigente, y que se apueste por “alternativas realmente sostenibles” para la gestión de neumáticos fuera de uso, como el uso de caucho reciclado en asfaltos o parques infantiles.

La organización ha reiterado su compromiso con una gestión de residuos centrada en la reducción del consumo y la reutilización de materiales, y ha advertido que continuará su labor de fiscalización para garantizar que este tipo de proyectos no se impongan sin el cumplimiento riguroso de la normativa ambiental.