Cuando la corrupción viaja en primera clase, se normaliza el riesgo

Desde el horror y la tristeza al ver tantas vidas destrozadas por la injusticia del cinismo político, este escrito pretende hacer reflexionar a esa misma clase política para que se miren al espejo y vean la necesidad de afrontar la realidad y actuar en consecuencia. Es por ello que la pregunta incómoda la pienso señalar desde ya mismo y con la crudeza necesaria: ¿qué ocurre cuando la corrupción se instala en el corazón de la gestión pública de sectores críticos como infraestructuras, seguridad, servicios sociales o sanidad? Lo que pasa es que la seguridad de la ciudadanía entra en una zona de peligro perfectamente evitable, la seguridad tiene dimensiones en todos los ámbitos de la vida humana y sobre esta se construyó los Estado-Nación que hoy entendemos y que antesde estos el resto de sistemas políticos tenían muy presentes.

El mayor éxito de la corrupción contemporánea no es el dinero que mueve, sino la narrativa que la minimiza. Se la presenta como una disfunción administrativa, como un problema de procedimiento, como una irregularidad corregible. Pero la corrupción no es un error: es una forma de decidir. Decide a quién se adjudica, qué se prioriza, qué se supervisa y, sobre todo, qué se tolera.

Esta forma de decidir ha dejado un rastro reconocible: adjudicaciones aceleradas sin controles robustos, una confianza excesiva en intermediarios políticamente próximos y una sorprendente resistencia a asumir responsabilidades cuando los resultados fallan. Esto genera un cuadro muy claro que revelan que no estamos ante una suma de episodios inconexos, sino que estamos ante la existencia de un patrón, hay un pincel, una paleta y un pintor.

Digámoslo de una manera más técnica por no entrar en vulgaridades urbanas: cuando el criterio técnico se subordina al criterio político-relacional, la decisión pública pierde su anclaje racional. Y cuando eso ocurre en ámbitos donde la variable crítica es la seguridad, el daño deja de ser abstracto.

El tren, emblema de gestión

En España, el tren se ha convertido en una de esas políticas peculiares que ocurren mientras vivimos en ella. El tren ya no es una metáfora de progreso, se ha convertido en un emblema de gestión donde lo urgente ha desplazado a lo importante y lo político ha querido eclipsar a lo técnico: encargos mal definidos, especificaciones técnicas erróneas, supervisiones inexistentes o tardías, responsabilidades diluidas en una cadena administrativa tan larga como opaca que difumina las responsabilidades de forma deliberada, etc; y su traducción material es la siguiente: trenes que no caben por donde deben pasar, trenes que se anuncian antes de estar listos o que ni si quiera se conoce su licitación, trenes que llegan tarde, y la mas grave que hemos vivido: trenes que no llegan a destino.

Pero no nos confundamos ni perdamos de vista lo importante, insisto, no se trata de una anécdota logística. Se trata de un horroroso síntoma político. Porque cuando un sistema es incapaz de verificar algo tan elemental como la compatibilidad entre un diseño y una infraestructura existente, así como la supervisión de la calidad de un mantenimiento de  infraestructura… el problema no es el tren ni la infraestructura en si misma: es el método. Y cuando ese método se repite, la sospecha deja de ser coyuntural. El método empleado es el que ha generado mala calidad de servicio que ha provocado que se materialice en realidad, en este caso dantesca.

Aquí la corrupción no aparece necesariamente en forma de sobres ni de cuentas opacas, sino como degradación del proceso decisorio. Como una cadena de favores, silencios y omisiones que acaba produciendo un fallo visible. Todo forma parte del método que se emplea para hacer el cuadro.

Cada decisión mal tomada, cada especificación mal revisada, cada inspección omitida incrementa el riesgo sistémico. No hace falta mala fe explícita. Basta con un entorno donde el error no tiene consecuencias y la lealtad pesa más que la competencia. Pero elproblema es aún más profundo. Porque la corrupción no solo contamina contratos, erosiona la capacidad del Estado para garantizar la seguridad. Un Estado que no controla, no previene. Un Estado que no previene, reacciona tarde. Un Estado que reacciona tarde, expone a su ciudadanía. Y un Estado que expone a la ciudadanía es porque en el centro de las decisiones no tiene el deber fundamental del Estado: la garantía de un mínimo de seguridad a la ciudadanía. Por tanto, olvidarse de lo nuclear del Estado resulta letal para la ciudadanía.

El fallo se detecta cuando hay titulares

Fijaros si es curioso: el fallo solo se detecta cuando ya es público, cuando ya hay titulares, pero cuando existe un control político no se identifica como tal sino como un argumento peregrino político… Pero el riesgo llevaba tiempo ahí, acumulándose en silencio, gracias a que la corrupción la dejó pasar a dentro del sistema. Cuando se toman decisiones que incrementan el riesgo de fallo en sistemas críticos, la relación causal es directa aunque el daño no sea inmediato. La seguridad no se pierde solo cuando ocurre el accidente, sino cuando se desmantelan los mecanismos que la sortean. Y eso es exactamente lo que hace la corrupción: normaliza el riesgo en silencio. Y para defenderse utilizará todas las armas políticas y mediáticas a su alcance.

En el transporte, un error de diseño no es una curiosidad, es una amenaza potencial. En la gestión pública, una omisión no es un descuido, es una decisión. Y cuando esas decisiones se repiten, hablar de mala suerte resulta intelectualmente obsceno. No es creíble que un fallo en las vías de tal magnitud pasara desapercibido sin que nadie levantara la mano. Y si alguien la levantó y fue ignorado, el problema no es técnico: es político.

La corrupción no siempre se manifiesta con estridencia. A veces avanza con el sigilo de un expediente mal revisado, de una advertencia desoída, de una decisión acelerada, de las decisiones con intereses ocultos, etc. Pero sus efectos son reales. Pensar que la corrupción afecta directamente a la seguridad y a la salud de la ciudadanía no es una exageración ni una consigna. Es una conclusión lógica cuando se observan los hechos sin anestesia retórica.

Creo que como ciudadanos, estamos llamados a combatir la corrupción en nuestras esferas personales, profesionales, para generar así una cultura fuerte contra la corrupción en la clase política y evitarnos fallos en el sistema que resultan letales. Combatirla, pues, no es una cuestión de ética abstracta, es responsabilidad de todos. Y es una forma de proteger vidas antes de que el riesgo se materialice. Porque cuando el poder decide sin control, el riesgo y el daño se convierten en una realidad.