Vox pide un "mapa de puestos" de funcionarios que acceden al uso de información privilegiada

El grupo político Vox en el Ayuntamiento de Alicante, a través de su concejal Óscar Castillo, someterá a la aprobación del pleno de febrero la elaboración de “un mapa de puestos sensibles” de funcionarios que por la naturaleza de su trabajo les mantiene “expuestos al uso de información privilegiada”.

Para ello solicitará “la creación de un protocolo municipal de identificación y gestión de los conflictos de intereses con un canal interno específico, así como la aprobación de un reglamento interno para prevenir el fraude y la obtención de beneficios ilícitos”.

Castillo propone que el Ayuntamiento de Alicante clasifique y califique los cargos más expuestos “para poder prevenir de una manera más eficaz” casos como el de las viviendas de la Playa de San Juan.

Esta moción del grupo de derecha nace de las irregularidades detectadas en las viviendas de protección pública del Residencial Les Naus en la que varios funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Generalidad Valenciana están bajo sospecha.

El edil de Vox reconoce que las competencias para imponer controles a funcionarios y personal laboral corresponden a las instituciones nacionales. Por eso en la moción insta a que se modifique la legislación, incluyendo la Ley Orgánica de incompatibilidades del personal de las administraciones públicas.

En este sentido Vox propondrá t“elevar a las Cortes Generales la petición del impulso de las modificaciones legales necesarias para establecer la obligación a funcionarios y personal laboral de comunicar cualquier obtención de beneficios públicos así como la declaración responsable de la información acerca de la participación en sociedades que contraten con la administración pública”.

Para Óscar Castillo, las adjudicaciones adjudicación de las viviendas de protección pública han sido “de vergüenza nacional” a la vez que han extendido “la sombra de la sospecha no solo en este asunto sino al resto de adjudicaciones de vivienda en toda España”. El concejal considera que “no solo falla el sistema de obtención de ayudas públicas sino también su control”. Castillo, en consonancia con lo declarado por la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, cuando estalló el escándalo de las VPP, concluye que “el sistema está podrido y hay que reiniciarlo y, por ello, exigimos que se aumenten todos los controles en esta materia como sea posible”.