Las VPP de Alicante siguen cobrándose víctimas: dos propietarios renuncian a las viviendas

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado el mediodía de este martes que “acabamos de tener conocimiento de dos renuncias” de adjudicatarios a las VPP de la promoción Les Naus, sin hacer referencia a sus identidades ni a sus vinculaciones con el proceso. Barcala, que ha intervenido personal y "sorpresivamente" en la primera parte de la comparecencia tras la Junta de Gobierno, ha añadido que este extremo “se ha comunicado a la Conselleria de Vivienda y se ha puesto en conocimiento también al ayuntamiento”.

El alcalde considera que estas renuncias son fruto del “mensaje que estamos trasladando de que no va a quedar impune absolutamente ninguna conducta irregular, que no va a quedar impune que aquel que no tuviera derecho pueda acceder a la vivienda”. Barcala ha animado a “todos aquellos que puedan tener la más mínima duda de si tenían o no derecho, si han accedido o no con derecho a esas viviendas, ante la duda, renuncien y las entreguen”. El primer edil de Alicante advierte que aquellos que han accedido irregularmente a las VPP “pueden tener consecuencias muy, muy graves”.

Barcala también ha informado que la Policía Local de Alicante está preparando un operativo para comprobar que “quienes están empadronados están habitando las viviendas y, en todo caso, qué viviendas pudieran no estar habitadas en este momento”. Esto responde a un requerimiento de la Conselleria de Vivienda para que se compruebe que las casas cumplen el requisito de habitabilidad para poder acceder a ellas y, por tanto, que están habitadas.

Barcala, que dedicó toda su intervención al asunto de las VPP, anunció también que la comisión de investigación aprobada hace dos semanas estará presidida por el vicealcalde, Manuel Villar. Este órgano se encuentra “recabando informes, tanto de patrimonio, urbanismo y de contratación, también de recursos humanos e informática, para que esté disponible el máximo de información posible sobre este asunto, y que todos los miembros de la comisión dispongan de toda la documentación que sea necesaria”. 

También manifestó su deseo para que el proceso judicial incoado se realice con la máxima premura: “Celeridad en la instrucción, celeridad en la investigación y celeridad para poder aclarar todos los extremos lo más rápidamente posible”, insistió.

Refuerzo de los mecanismos de control

El primer edil de Alicante comunicó que a raíz de estas irregularidades de las viviendas Les Naus el ayuntamiento está reforzando los mecanismos de control de adjudicación de vivienda pública, en alusión a las VPP que se edificarán en el barrio de San Blas.

El alcalde reconoció la “alarma social que este asunto, que este escándalo ha generado” y que a él le “escandaliza como al que más. Y yo tengo tanto interés, o más que cualquiera, en que todo y cada uno de estos extremos se aclaren. Porque Alicante no se merece esta mancha”. Avanzó también que el Gobierno municipal va a trabajar para “asegurar todos los mecanismos que garanticen que la vivienda social va a quien tiene la necesidad y a quien tiene el derecho”.

Luis Barcala se mantiene en el argumento de que el Ayuntamiento de Alicante “no ha adjudicado ninguna de las viviendas”, sino que fue la cooperativa “la responsable de haber gestionado todo el procedimiento, de haber captado a cooperativistas, de haber comprobado que cumplían con los requisitos y de haber tramitado ante la Conselleria los expedientes correspondientes” y que a la Conselleria de Vivienda le correspondió “la evaluación y el visado de las condiciones que los adquirentes de las viviendas tenían que cumplir para poder hacerlo con derecho”.

El alcalde, tras enumerar las acciones emprendidas por el gobierno municipal tanto ante la Justicia como a nivel interno, subrayó como “prioritario que las viviendas lleguen a quien tienen que llegar y que absolutamente ninguna pueda quedarse en manos de quien no tenía derecho a ello, haciendo cualquier tipo de maniobra, entrando en cualquier tipo de fraude o cualquier tipo de irregularidad o cualquier tipo de ilícito penal”.

Barcala expresó su convencimiento de que las medidas que se han emprendido “servirán para que en un futuro los mecanismos de control sean muchísimo más exhaustivos, más eficaces y no vuelva a poder producirse un escándalo como este”.