nueva fase del conflicto
Denuncian lucro abusivo en el Puerto Campomanes de Altea: obtendrán 40 millones con una inversión de solo 1,4
El Club Náutico y los titulares de Amarres del Puerto acusan a la concesionaria de imponer condiciones draconianas e indefensión y exigen que Consellería tome cartas en el asunto.
Vista del Puerto Deportivo Campomanes de Altea.
El denominado "Caso Campomanes" entra en una nueva fase tras hacerse pública la exagerada desproporción económica que rodea a la prórroga de la concesión del Puerto Deportivo Luis Campomanes, gestionado por la mercantil Marina Greenwich S.A.
Según denuncian el Club Náutico Campomanes y la Comunidad de Titulares de Amarres, con una inversión comprometida de 1,4 millones de euros la mercantil concesionaria pretende obtener beneficios estimados de hasta 40 millones de euros durante el periodo prorrogado. Si la Administración Pública se lo permite, la pretensión de Marina Greewichh S.A. es imponer sus nuevas condiciones económicas a todos los actuales titulares de derechos (Club Náutico, titulares de amarres y negocios de hostelería, entre otros), que son usuarios históricos del puerto.
“No estamos discutiendo la prórroga en sí. Estamos denunciando el uso que se quiere hacer de ella para imponer condiciones abusivas y generar un enriquecimiento totalmente ilegal e injusto, pretendiendo incluso la desaparición del Club Náutico y la extinción de los derechos de los demás titulares”, señala la entidad.
Más de 400 titulares privados de amarres están viéndose afectados por las nuevas exigencias económicas, sin fundamento, de la mercantil Marina Greenwich S.A, mientras negocios vinculados al puerto, los titulares de amarres y el propio Club Náutico, con más de 40 años de historia, denuncian fuertes presiones, e incluso coacciones, de la concesionaria y una situación de absoluta indefensión.
El Club y una representación de la Comunidad de Titulares de amarres ha pedido a la Consellería que intervenga en el “Caso Campomanes” y se posicione ante un conflicto que afecta directamente al tejido económico, turístico y náutico del municipio, así como a cientos de personas y usuarios vinculados a la actividad náutica.
La entidad considera imprescindible que los responsables empresariales de la mercantil Marina Greenwich S.A. -George Santamaría, Roberto Batouche y el gerente Javier de Céspedes García- mantengan los derechos de los afectados y cumplan sus obligaciones asumidas cuando adquirieron la concesión.
“Una cosa es prorrogar la Concesión diez años respetando los derechos y obligaciones en las mismas condiciones contraídas y otra muy distinta pretender utilizar esa prórroga para cambiar las reglas del juego. Lo que tenemos claro es que todos los afectados vamos a dar la batalla en todos los ámbitos posibles. El Club Náutico no puede desaparecer y el resto de afectados no pueden ser privados, sin más, de sus derechos”, concluyen desde el Club Náutico.
El “Caso Campomanes”, que ya ha trascendido el ámbito local, podría tener implicaciones de todo tipo, incluso posiblemente penales, relevantes para cualquier operador interesado en el futuro de la concesión.
En este sentido, el Club Náutico y los titulares de amarres hacen un llamamiento y advertencia a cualquier posible interesado en la adquisición de la Concesión pues el conflicto existente solo puede ser resuelto respetando los derechos de todos los afectados.