El técnico de Conselleria que le "colocó" una VPP a su pareja, reclamado como testigo por la acusación popular de Ciudadanos

La acusación popular de Ciudadanos en la causa que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus de Alicante, ha pedido a la jueza que cite como testigo al técnico al que la Conselleria de Vivienda expedientó, y que fue suspendido de empleo y sueldo, por visados de esta promoción.

En un escrito de este lunes esta acusación reclama que se practique una prueba testifical a este funcionario, jefe de la Sección de Vivienda Protegida.

El pasado miércoles un cargo de Vivienda declaraba, como testigo ante la magistrada, que ese funcionario le dijo "lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades". En esa declaración también participaron otros dos técnicos de la Conselleria e indicaron que ese trabajador revisó personalmente y por iniciativa propia esos expedientes sobre los inmuebles.

Se da la circunstancia de que una de las personas que resultó adjudicataria de una VPP en el residencial de Playa de San Juan es la pareja de ese funcionario que fue expedientado. Al mismo tiempo, ella es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.

Precisamente, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido en que ese técnico ha regresado a su puesto de trabajo, "pero no lleva tareas de visado" de inmuebles. El jefe del Consell ha hecho hincapié en que la administración autonómica abrió un expediente a este empleado, si bien al haber una "investigación penal se tiene que interrumpir esa causa administrativa" y esta persona se ha reincorporado.

En su escrito, Ciudadanos reclama a la jueza que cite como testigo a ese funcionario de Vivienda por su "responsabilidad exclusiva en la tramitación", ya que fue "el técnico responsable único de la revisión e instrucción de la totalidad de los expedientes de visado de dicha promoción".

También apunta a un posible "conflicto de interés y falta de imparcialidad". "Es necesario aclarar la posible concurrencia de causas de abstención o recusación, dado que el citado técnico tiene, presuntamente, a su esposa como adjudicataria de una de las viviendas de la promoción bajo su supervisión, lo cual pone en duda la objetividad de sus actuaciones técnicas y validaciones", añade.

Expedientes que no cumplían los requisitos legales

Asimismo, la acusación popular de Ciudadanos habla de "admisión de responsabilidad" ya que este admitió haberse equivocado y expresó su voluntad de asumir toda la responsabilidad" al ser cuestionado el secretario territorial adjunto de Vivienda sobre sobre las posibles irregularidades.

La acusación popular de Ciudadanos ve necesario conocer "los motivos concretos de la actuación del citado técnico a la vista de que pudo no sólo beneficiar a su esposa, sino también a otras personas", debido a que "visó como correctos determinados expedientes que no cumplían con los requisitos legales, así como por falta de documentación esencial para ser adjudicatario de dichas viviendas".