La jueza vuelve a reclamar al ayuntamiento los correos internos del caso de las VPP Les Naus y le fija un plazo de cinco días

La magistrada que instruye la investigación sobre la adjudicación de las VPP Les Naus ha requerido al Ayuntamiento de Alicante que entregue al juzgado los correos electrónicos relacionados con el procedimiento y que, según considera, todavía no le han sido facilitados. Para ello, concede al consistorio un plazo de cinco días.

La decisión se recoge en una providencia fechada este jueves, adoptada después de que la acusación popular ejercida por el PSPV denunciara que la documentación remitida por el ayuntamiento no cumplía íntegramente con el requerimiento formulado por el juzgado el pasado 23 de mayo.

A raíz de esa petición, la jueza ha ordenado nuevamente al ayuntamiento, a través de sus servicios jurídicos, que aporte de forma expresa la documentación ya solicitada anteriormente y que, a juicio de la acusación, sigue pendiente de incorporación a la causa.

Los socialistas sostienen que el consistorio no remitió todos los correos electrónicos relacionados con el expediente de Les Naus que habían sido reclamados por el juzgado. En concreto, el oficio del 23 de mayo requería la entrega, en un plazo de cinco días, de todos los mensajes enviados por el Servicio de Gestión Patrimonial a la Vicesecretaría municipal entre el 15 y el 31 de enero de 2026, incluidos los archivos adjuntos incorporados a esas comunicaciones.

Sin embargo, según denunció el PSPV, la documentación finalmente aportada se limitó a las comunicaciones incorporadas al expediente administrativo y comprendía únicamente el periodo entre el 26 y el 31 de enero. De hecho, en el certificado remitido por la Vicesecretaría se hacía referencia exclusivamente a las comunicaciones correspondientes a esas fechas, dejando fuera los correos intercambiados entre los días 15 y 25 de enero, también incluidos en el requerimiento judicial.

Por este motivo, la formación socialista consideró que la respuesta municipal no se ajustaba a lo solicitado por la magistrada y pidió que se reiterara la exigencia de entrega de toda la documentación.

La controversia se enmarca en la investigación abierta sobre la adjudicación de viviendas protegidas en la promoción Les Naus. Según explicó el ayuntamiento cuando estalló la polémica, la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial comunicó el pasado 15 de enero a la concejala responsable del área, Nayma Beldjilali, la posible existencia de incompatibilidades que afectaban a personal municipal relacionado con el proceso de adjudicación. Tras recibir esa advertencia, la edil solicitó la elaboración de un informe.

La funcionaria declaró el pasado 20 de mayo como testigo ante la titular del juzgado y aseguró no recordar por qué algunos nombres que aparecían en borradores previos desaparecieron de la versión definitiva del informe. Asimismo, indicó que tuvo conocimiento de la identidad de los adjudicatarios el 15 de enero, cuando la gestora de la cooperativa remitió el listado correspondiente, un trámite que resultaba necesario para concluir el expediente de enajenación de la parcela municipal donde se levantó la promoción de viviendas.

La causa judicial mantiene actualmente a quince personas investigadas. Entre ellas figura la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien obtuvo una de las viviendas protegidas y presentó su dimisión tras hacerse pública la adjudicación. También aparecen familiares de la exdirectora general municipal y responsable del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, que igualmente resultaron beneficiarios de una de las viviendas objeto de la investigación.