Inspecciones a viviendas turísticas ilegales: Las primeras cuatro sanciones dejan ya más de 100.000 euros en Benidorm

El Ayuntamiento de Benidorm ha recaudado más de 100.000 euros tras hacer efectivas las sanciones impuestas a cuatro viviendas turísticas que operaban de forma ilegal. El consistorio mantiene abiertas las labores de inspección y tramitación de nuevos expedientes cuando se cumple un año desde que asumió las competencias para controlar y sancionar este tipo de alojamientos.

El concejal de Comercio, Javi Jordá, ha hecho balance de este primer año de gestión y ha explicado que el ayuntamiento ha recibido 70 denuncias que afectaban a 196 viviendas. De ellas, 107 disponían del registro oficial de Vivienda de Uso Turístico otorgado por la Generalitat Valenciana, mientras que las 89 restantes fueron objeto de revisión.

Actualmente, 73 viviendas siguen en proceso de inspección y 16 han sido propuestas para sanción. De estas últimas, cuatro expedientes ya se han resuelto con el pago de la multa, lo que ha supuesto un ingreso superior a los 100.000 euros para las arcas municipales.

Las cuatro infracciones estaban sancionadas inicialmente con 50.001 euros cada una, aunque la cuantía quedó reducida al 50 por ciento al acogerse los propietarios al procedimiento de reconocimiento de la infracción y pronto pago. Los otros doce expedientes continúan en distintas fases administrativas, entre alegaciones, aportación de documentación o contestación a la propuesta de sanción.

Jordá ha recordado que este tipo de procedimientos requieren una tramitación garantista y pueden prolongarse durante meses, aunque ha destacado que "ya estamos viendo los primeros resultados de esta labor de control e inspección".

El procedimiento comienza cuando un particular o una comunidad de propietarios denuncia la posible existencia de una vivienda turística sin autorización. La Policía Local realiza la inspección sobre el terreno y el Departamento de Comercio se encarga de instruir y tramitar el expediente sancionador.

Además, el ayuntamiento remite cada trimestre a la Generalitat Valenciana un informe con el resultado de estas actuaciones. El último, enviado el pasado 30 de junio, solo recoge una de las cuatro sanciones ya cobradas, ya que las otras tres se hicieron efectivas durante el mes de julio y se incorporarán al siguiente balance.

El edil ha recordado que el ayuntamiento asumió estas competencias gracias a un decreto de la Generalitat Valenciana, que modificó la normativa autonómica sobre turismo y permitió a los ayuntamientos inspeccionar, sancionar y recaudar las multas por este tipo de infracciones. Según Jordá, este cambio ha reforzado la capacidad municipal para combatir las viviendas turísticas ilegales y aumentar los recursos públicos derivados de las sanciones.