El negocio de la regularización de inmigrantes de Sánchez: cobran en Alcoy por empadronar a ilegales y lograr papeles

El proceso regularización masiva de inmigrantes lanzando por el Gobierno de Pedro Sánchez, y al que habrían accedido 1,17 millones de personas, tiene también su particular mercado negro. La Policía Nacional ha detenido en Alcoy (Alicante) a un hombre de 59 años acusado presuntamente de cobrar 250 euros a ciudadanos extranjeros por empadronarlos en su domicilio pese a que nunca habían vivido allí y así que pudieran acceder a papeles.

El objetivo, según la investigación policial, era utilizar esos empadronamientos ficticios para facilitar trámites de documentación y favorecer la permanencia de los inmigrantes en España. Una suerte de “alquiler de padrón” convertido en negocio: una dirección, 250 euros y un certificado municipal que, según los investigadores, servía para intentar sortear los requisitos de la legislación de extranjería con la regularización masiva del Gobierno de Sánchez. El detenido está acusado de presuntos delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La investigación arrancó de una manera casi casual. Un hombre acudió a dependencias de la Policía Nacional para informarse sobre los trámites necesarios para realizar una carta de invitación a un ciudadano extranjero. Los agentes revisaron la documentación que llevaba y detectaron un detalle que llamó su atención: en el certificado de empadronamiento figuraban también, en diferentes fechas, varias personas de nacionalidades extranjeras. La Policía decidió comprobar si aquellos ciudadanos residían realmente en la vivienda, y la respuesta fue no. Las pesquisas permitieron determinar, según la Policía, que ninguna de las personas que aparecían inscritas en el domicilio vivía realmente allí. El supuesto negocio de cobrar a inmigrantes ilegales por empadronarse para acceder a los papeles de la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno de Sánchez empezó entonces a quedar al descubierto.

Los investigadores siguieron tirando del hilo y comprobaron que algunas de las personas empadronadas habrían pagado 250 euros para figurar en aquella dirección. No vivían allí, pero tenían un certificado que acreditaba oficialmente que sí. Según la investigación, ese documento podía ser utilizado posteriormente para realizar distintos trámites relacionados con su situación administrativa. Es decir, el presunto negocio no consistía en alquilar una habitación, consistía en vender una dirección. Una dirección que, de acuerdo con las pesquisas policiales, nunca había sido realmente el domicilio de quienes aparecían registrados en ella.

La investigación policial sostiene que el detenido habría actuado con ánimo de lucro y habría colaborado en la permanencia irregular de ciudadanos extranjeros mediante la utilización de empadronamientos ficticios. Los agentes consideran que, de esta manera, se les habría facilitado documentación destinada a eludir la legislación vigente en materia de extranjería. La Policía Nacional terminó deteniendo al hombre como presunto autor de los delitos investigados. El caso adquiere además especial interés en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado la regularización masiva de inmigrantes ilegales y estos empadronamientos fraudulentos de los que se hacía negocio ayudan a obtener la documentación para ser legales.