García Albiol sitúa a Elche en el centro del debate de la okupación: la dimensión real del problema en Alicante

La reciente visita de Xavier García Albiol a Elche no ha sido un mero gesto de cortesía institucional. Las ondas de choque de su paso por la capital del Baix Vinalopó aún resuenan en los pasillos del Ayuntamiento y en el debate autonómico. La invitación del alcalde ilicitano, Pablo Ruz, al regidor de Badalona desató un choque frontal con la oposición socialista —encabezada por un indignado Héctor Díez—, evidenciando que el fenómeno de la okupación se ha consolidado como una de las batallas ideológicas y de gestión más encendidas de la Comunitat Valenciana.

Mientras para unos el baño de masas de Albiol en suelo ilicitano representó una provocación innecesaria, para una amplia franja de vecinos constituyó una exhibición de pedagogía política frente a un problema cotidiano. El mensaje del regidor catalán fue directo y sin matices: reformar la legislación estatal para ejecutar desalojos expres en un plazo inferior a 48 horas. Una exigencia que conecta de lleno con las demandas del equipo de gobierno local y de una parte considerable del tejido inmobiliario alicantino.

Alicante, en el mapa de la inseguridad jurídica

Más allá de la refriega partidista, ¿cuál es la dimensión real del fenómeno? Alejarse tanto del alarmismo paralizante como del negacionismo estadístico exige examinar los datos con rigor. La provincia de Alicante se sitúa como la segunda más afectada de la Comunitat Valenciana, aglutinando cerca de 3.000 viviendas en situación de okupación ilegal o usurpación.

El mapa alicantino presenta además una singularidad propia: el 70% de estos inmuebles pertenece a entidades bancarias o fondos de inversión, pero la marcada condición turística y residencial de la Costa Blanca añade una derivada crítica. Un porcentaje significativo de los casos afecta a viviendas de uso turístico o a inmuebles propiedad de residentes extranjeros, un perfil de propietario especialmente vulnerable ante las dilaciones del sistema judicial español.

Con una media que ronda las 700 denuncias anuales, la provincia concentra aproximadamente el 40% del total de los requerimientos registrados en la autonomía. Cifras que desmienten que se trate de un problema marginal y que explican el calado de iniciativas como la implantación de oficinas municipales de atención antiokupación.

De la odisea judicial al pulso legislativo

El núcleo del encuentro entre Albiol y Ruz no estuvo en el diagnóstico, sino en la urgencia de la respuesta. El procedimiento ordinario para el recobro de la posesión o el lanzamiento por impago se ha convertido en una auténtica travesía del desierto que suele demorarse entre 12 y 18 meses en los juzgados alicantinos.

Frente a esta parálisis, el eje Elche-Badalona aboga por un golpe de mano legislativo: unificar criterios policiales, agilizar los desahucios cautelares en 48 horas e incrementar las penas por reincidencia. La propuesta ha devuelto a la agenda pública un debate ineludible: la necesidad de blindar la propiedad privada para devolver la confianza a un mercado inmobiliario necesitado de seguridad y certidumbre.