Campomanes: ¿Quién está detrás de la prórroga de los diez años?
¿Quién sale beneficiado con esta prórroga? ¿Qué intereses económicos confluyen en torno a ella? ¿Se han valorado de manera proporcionada las condiciones de la concesión y las inversiones exigidas? ¿Qué dicen exactamente los estudios económicos que sirvieron de fundamento a la decisión?
Puerto de Campomanes
Hay preguntas que incomodan. Y después están aquellas que, cuando pasan los meses y las respuestas no llegan, se convierten en imprescindibles.
En el caso del Puerto Deportivo de Campomanes, hay una que merece plantearse sin rodeos: ¿quién está detrás de todo esto? ¿Qué intereses hay detrás de una prórroga de diez años y por qué, después de más de dos años intentando acceder al expediente íntegro, sigue sin haberse despejado toda la incertidumbre?
No estamos hablando de una cuestión menor. Estamos hablando de una concesión portuaria que se prolonga durante una década, de condiciones económicas que merecen ser examinadas con rigor y de una documentación cuyo conocimiento resulta fundamental para entender cómo se ha llegado hasta aquí.
Por eso, la pregunta no es solamente qué se ha aprobado. La pregunta es por qué, en qué condiciones y sobre la base de qué argumentos económicos y administrativos.
¿Quién sale beneficiado con esta prórroga? ¿Qué intereses económicos confluyen en torno a ella? ¿Se han valorado de manera proporcionada las condiciones de la concesión y las inversiones exigidas? ¿Qué dicen exactamente los estudios económicos que sirvieron de fundamento a la decisión? Y, sobre todo, ¿por qué cuesta tanto conocer el expediente completo?
Conviene ser precisos: plantear estas preguntas no significa afirmar que exista una actuación irregular ni atribuir intereses ilícitos a ninguna persona o entidad. Significa reclamar la información necesaria para poder descartarlo o, si la documentación revelase motivos para ello, exigir que se depuren las responsabilidades correspondientes.
Porque cuando una decisión administrativa tiene consecuencias económicas durante diez años, la transparencia no puede quedarse en una declaración de intenciones. Tiene que traducirse en documentos accesibles, razones comprensibles y explicaciones verificables.
Más de dos años intentando acceder al expediente íntegro es un plazo que obliga, como mínimo, a pedir explicaciones. La Generalitat Valenciana debería aclarar qué documentación se ha solicitado, cuál se ha facilitado, qué límites de acceso se han aplicado y cuáles son sus fundamentos jurídicos. También debería contribuir a que las condiciones económicas de la prórroga puedan analizarse con criterios de transparencia y proporcionalidad.
Y aquí aparece otra cuestión esencial: la diferencia entre defender una decisión administrativa y explicar cómo se ha tomado. Una Administración puede considerar que una prórroga está plenamente justificada. Pero esa convicción debe poder sostenerse con argumentos, informes y documentación. La confianza pública no se construye pidiendo que se crea en una decisión; se construye permitiendo que se conozcan sus fundamentos.
Por eso, la pregunta sobre los posibles intereses que rodean a Campomanes no debería despacharse como una sospecha incómoda. Debería responderse con transparencia. Si no hay nada que ocultar, la documentación y las explicaciones son la mejor manera de despejar cualquier duda.
¿Hay intereses ocultos detrás de la prórroga de diez años? ¿O existen razones administrativas y económicas que, una vez conocidas, permitirán comprender las decisiones adoptadas? Hoy, sin toda la información sobre la mesa, no corresponde dar por buena ninguna hipótesis. Lo que sí corresponde es exigir que las preguntas puedan responderse.
La Generalitat tiene la oportunidad de hacerlo. No tomando partido por unos u otros, sino garantizando que el procedimiento pueda examinarse con todas las garantías y que las condiciones de la concesión se expliquen con claridad.
Campomanes merece algo más que un enfrentamiento prolongado. Merece respuestas. Y quienes llevan más de dos años intentando conocer el expediente merecen saber por qué todavía no han podido acceder a toda la documentación que reclaman.
Al final, todo se resume en una cuestión de confianza pública: si una prórroga de diez años es defendible, sus fundamentos deben poder explicarse. Y si existen dudas, la obligación de la Administración es despejarlas, no permitir que se enquisten.
Porque la pregunta seguirá ahí mientras no haya respuestas: ¿quién está detrás de la prórroga de Campomanes y qué intereses la rodean?
La mejor forma de responder no es con más silencio. Es con transparencia, documentos y explicaciones.