El manoseo de las instituciones

Nuestro modelo político es una Democracia Parlamentaria, el impulso político radica en el Parlamento, pero las demás instituciones sirven como contrapesos a los excesos de poder e inclinaciones autoritarias. Sin embargo, ya sabemos que desde hace tiempo se usaron políticamente en favor del dominio de los partidos políticos. Con muy pocos límites y muchas deformaciones. Así, pese a que para conformar a los integrantes de la mayoría de instituciones se necesitan unas mayorías reforzadas, éstas se consiguen mediante el acuerdo de voluntades de los grupos parlamentarios mayoritarios (dominados por los partidos políticos). De ahí que chirríe, por ejemplo, que tengamos como director del CIS a un señor que era un alto cargo del PSOE, o que el Defensor del Pueblo haya sido el candidato en unas elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid. No debieran elegirse así a los representantes de las instituciones porque trasladan a los organismos los males de los partidos políticos y dejan de ser contrapesos al exceso de poder.

Alguien hace tiempo debería haber metido una querella por prevaricación a Tezanos por la malversación repetida de fondos públicos para favorecer la intención de voto del partido del Gobierno. Además de confundirse en los pronósticos en varios procesos electorales seguidos, ha conseguido que los investigadores que solíamos adentrarnos en estas fuentes, hayamos abandonado buscar en este centro de estudios, porque se ha devaluado el organismo.

El CGPJ actual elegido ante los medios de comunicación por acuerdo pactado de Bolaños y González Pons ha supuesto otro escandalo vergonzante del traslado de los partidos políticos al escenario institucional. El fruto recogido ha sido un Consejo deformado y dividido, incapaz de acordar una declaración institucional de apoyo a una juez acosada y a la que se le quería “asesinar”. Este Consejo debería disolverse. No sirve para la función que tiene encomendada que es la de garantizar la independencia judicial. Que se vayan a casa.

Con el Defensor del Pueblo, hemos asistiendo estos días a otro espectáculo, al ver cómo el Sr. Gabilondo se pliega a los intereses del Presidente del Gobierno en funciones, usando la institución como si fuera del PSOE, para impugnar una resolución del máximo tribunal del Poder Judicial y discutir dicha autoridad ante otro tribunal que no es judicial sino político. El recurso ante el TC “de Pumpido”,

(el personaje más dañino de todos), como última instancia para favorecer la voluntad de Pedro Sánchez y una posible alteración del censo electoral para modificar el cuerpo de electores, es otro ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se vive en una democracia. Esta semana mismo la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha presentado una denuncia ante la Comisión europea alertando sobre el deterioro institucional que vive España. 

En cuanto al Tribunal Constitucional, su análisis requiere un monográfico.

En definitiva, éstas y otras derivas, consistentes en manipular las instituciones en provecho “propio”, supone la consolidación de una práctica que pretende abolir los contrapesos e inician el peligroso camino hacia un modelo autoritario.