La falta de responsabilidad y el declive invisible del Estado

Tras el levantamiento de los obreros contra el Gobierno de la República Democrática Alemana el 7 de junio de 1953, el poeta Bertolt Brecht escribió el poema satírico que tituló “La Solución” (Die Lösung), que decía así:

“Tras la huelga del 17 de junio,

el secretario de la Unión de Escritores

hizo repartir panfletos en la Stalinallee

en los que se decía que el pueblo

había perdido la confianza del gobierno

y que sólo duplicando su esfuerzo

podría recuperarla. ¿No sería más sencillo

entonces que el gobierno

disolviera al pueblo

y eligiera otro?”

Tras el trágico accidente ferroviario del pasado 28 de octubre, la respuesta institucional ha seguido un guion predecible: eludir cualquier atisbo de responsabilidad política o sistémica atribuyendo precipitadamente lo ocurrido al fallo humano. Esta reacción encaja con precisión quirúrgica en el planteamiento que el politólogo Christopher Hood desarrolló en su obra El juego de la culpa (The Blame Game).

Hood argumenta que la principal motivación de las burocracias y los gobiernos modernos no es necesariamente la efectividad de sus servicios, sino la reducción del coste político mediante estrategias defensivas de elusión de culpa. Ante un fallo catastrófico, el poder activa los mecanismos de parapeto. El más habitual consiste en desviar la mirada hacia el último eslabón de la cadena operativa, como el maquinista o el técnico de turno, o hacia las circunstancias imprevisibles, para evitar que el foco apunte hacia la cúpula directiva, las deficiencias de gestión o los políticos al mando. 

Atribuir con rapidez la responsabilidad al factor humano no busca esclarecer la verdad, sino blindar el relato de quienes ostentan el mando y proteger así sus sillones a costa de sepultar el debate sobre la responsabilidad institucional.

Siguiendo la crítica satírica de Bertolt Brecht, que yo sí puedo publicar en mi artículo de opinión porque en España dispongo de mayor libertad de expresión que la que existía en la RDA, podría decir que el Gobierno ha movido los hilos para trasladar la responsabilidad del político socialista al obrero español.

Las grandes tragedias e ineficiencias que salpican la gestión pública reciente en España no son accidentes aislados ni cisnes negros imprevisibles. Responden a una lógica de deterioro estructural alimentada por lo que se define como recortes invisibles.

España registra máximos históricos de recaudación fiscal. Sin embargo, los servicios públicos esenciales, como las infraestructuras, el mantenimiento de redes, la sanidad o la educación, experimentan un desgaste evidente. ¿A dónde se dirige entonces el flujo presupuestario? La respuesta está en la desviación silenciosa de partidas presupuestarias. El gasto del Estado se concentra cada vez más en sostener compromisos de altísima visibilidad electoral y rendimiento político inmediato, como la financiación del déficit del sistema de pensiones, para el que el Gobierno ha tenido que prestar recientemente 10.000 millones de euros a la Seguridad Social, a costa de minorar el peso relativo de aquellas partidas destinadas a infraestructuras y servicios cuya falta de mantenimiento no se percibe día a día.

Nadie nota de inmediato que un tramo de vía ferroviaria no recibe la inversión adecuada para su conservación o que se posterga la adquisición de repuestos para una infraestructura. Son ajustes silenciosos, "invisibles" a ojos del ciudadano medio, hasta que la falta de inversión acumulada alcanza su punto crítico. El resultado no es el azar, sino la consecuencia lógica de un Estado que prioriza el cortoplacismo presupuestario sobre la seguridad y el mantenimiento básico de sus servicios.

Esta combinación entre la elusión sistemática de la culpa y la pésima priorización de los recursos públicos nos conduce inexorablemente a la tercera ley fundamental de la estupidez humana formulada por el historiador y economista Carlo M. Cipolla: “Una persona estúpida es aquella que causa pérdidas a otra persona o grupo sin obtener ningún beneficio para sí misma, o incluso incurriendo en pérdidas”.

Cipolla advertía de que los países no fracasan necesariamente por la maldad de sus gobernantes, sino por la proliferación e instauración de la estupidez en las esferas de decisión. Cuando los puestos de responsabilidad técnica e institucional dejan de asignarse según criterios de mérito y capacidad para convertirse en moneda de cambio partidista o premio a la lealtad política, el resultado es la parálisis operativa y la incompetencia generalizada.

Cuando los incapaces llegan al poder, la gestión pública se degrada, los servicios esenciales se deterioran por abandono y la respuesta ante las crisis se reduce a una mera propaganda defensiva. El accidente del 28 de octubre no es un hecho aislado: es el síntoma de un modelo institucional en el que la responsabilidad se deriva hacia abajo, el dinero se desvía para alimentar el cálculo electoral y la incompetencia al mando termina pasando una factura más alta. Los países fracasan cuando los estúpidos se hacen con el control de las instituciones.