¿Tiene base penal el 'caso Finestrat'? Claves jurídicas de la denuncia del PSPV a Pérez Llorca

Apenas a unas semanas de las cita con las urnas, la pugna política valenciana ha vuelto a cruzar la línea que separa el debate institucional de los tribunales. El PSPV ha formalizado su denuncia ante la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana contra el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. El foco se sitúa sobre dos contratos de asistencia jurídica por un importe aproximado de 400.000 euros adjudicados por el Ayuntamiento de Finestrat —durante la etapa en la que Pérez Llorca ostentaba la alcaldía— al despacho vinculado a David Serra, exalto cargo del Partido Popular.

¿Hay algo objetivamente ilegal en estas adjudicaciones?

Para determinar si una contratación pública vulnera el ordenamiento jurídico, los tribunales no atienden a sospechas ni a perfiles mediáticos, sino a la subsunción de los hechos en los tipos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y del Código Penal. Para que un contrato público sea declarado nulo o ilegal por la vía administrativa, debe demostrarse una vulneración frontal de los principios de publicidad, concurrencia o concurrir una causa tasada de prohibición de contratar. Si los expedientes de Finestrat pasaron los filtros perceptivos de la secretaría e intervención municipal, y los pliegos se ajustaron a los cánones legales, la identidad del adjudicatario —por muy controvertida que sea a ojos de la opinión pública debido a su pasado procesal en causas ajenas al consistorio— no invalida automáticamente un procedimiento administrativo correcto.

En el plano penal, el PSPV desliza en su escrito indicios genéricos apuntando a posibles delitos. Sin embargo, para que prospere un delito de prevaricación administrativa, la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige una resolución arbitraria, dictada a sabiendas de su injusticia, con el fin torcido de favorecer a un tercero saltándose la ley a la torera. Si el bufete prestó de forma efectiva los servicios de asesoramiento jurídico para los que fue contratado y las tarifas se ampararon en los costes de mercado o en los módulos previstos, el tipo penal decae por completo, convirtiéndose en una mera prestación de servicios sujeta a derecho. Asimismo, respecto al posible conflicto de intereses, la denuncia pone el acento en la relación del adjudicatario y en vínculos con personas del entorno municipal, pero el derecho administrativo sancionador y la legislación de incompatibilidades exigen pruebas directas de colusión o parentesco legalmente invalidante, algo que, de momento, no pasa de ser una hipótesis que los socialistas confían en que investigue el Ministerio Fiscal.

En derecho, la carga de la prueba recae sobre quien acusa. Y el propio escrito socialista se sustenta en un dossier de origen anónimo, reconociendo implícitamente que no se aporta un cuerpo probatorio de ilegalidad consumada, sino indicios orientados a que la Fiscalía efectúe una labor de instrucción.

El trasfondo del juicio político con calendario electoral

Si desde la vertiente técnico-jurídica el recorrido de la denuncia es, por el momento, endeble y condicionado a lo que decidan los fiscales tras recabar los expedientes, en el plano político su lectura es radicalmente distinta. Nos encontramos ante un claro exponente de judicialización de la política. El uso de un dosier anónimo para activar al Ministerio Fiscal a escasas semanas de un proceso electoral responde a una estrategia de desgaste perfectamente calibrada. El argumentario del PSPV busca instalar en la retina del ciudadano el concepto de "sospecha ética": que un ayuntamiento gobernado por el actual jefe del Consell adjudicara contratos de importancia a un exdirigente del PP salpicado por asuntos del pasado (como el caso Gürtel) genera un evidente desgaste estético y reputacional.

Sin embargo, el reproche estético, ético o político no es sinónimo de ilicitud penal. Desde el Partido Popular se ha respondido tildando la acción de campaña de difamación y falsedades, recordando que la presentación de una denuncia ante la Fiscalía no constituye ni una imputación formal, ni una querella admitida a trámite, ni mucho menos una sentencia condenatoria.

¿Hay ilegalidad en el caso de Finestrat?

A fecha de hoy, no hay absolutamente ninguna ilegalidad demostrada ni declarada por los tribunales. Lo que hay es un control político canalizado a través de los juzgados aprovechando la coyuntura electoral. Corresponderá ahora a la Fiscalía Anticorrupción o a la Fiscalía Superior determinar si los expedientes guardan alguna irregularidad oculta o si, por el contrario, las diligencias concluyen en un archivo por falta de fundamento.