Pugna política antes de Navidad: ¿es legal encender las luces en la jornada de reflexión?
Al considerarse una actividad de dinamización comercial y un servicio público ordinario, la puesta en marcha de la iluminación festiva sin atriles, sin discursos protocolarios, sin proclamación de logros ni presencia de autoridades en un papel de protagonismo político no vulnera el artículo 50 de la LOREG al carecer de carga propagandística
Elche, con el alumbrado navideño en imagen de archivo
La pugna electoral no descansa ni bajo el manto de la ilusión navideña. El Ayuntamiento de Elche, gobernado por la coalición entre PP y Vox con el alcalde Pablo Ruz al frente, ha fijado el tradicional encendido del alumbrado festivo para el sábado 28 de noviembre. La fecha no es baladí: coincide de lleno con la jornada de reflexión previa a los comicios. Lo que en circunstancias normales constituiría un hito cotidiano en el calendario municipal se ha transformado en un agrio contencioso jurídico y político tras la denuncia formal presentada por el PSOE ante la Junta Electoral de Zona (JEZ).
¿Qué dice la Ley Electoral?
El meollo de la controversia gravita sobre el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el precepto que regula de forma estricta las actuaciones de los poderes públicos durante los periodos electorales. La norma persigue la manipulación o la instrumentalización de los recursos y actos públicos, prohibiendo la realización de eventos institucionales que contengan alusiones a logros de gestión o que busquen influir en la intención de voto de los ciudadanos en las horas previas a la apertura de las urnas.
Las posturas enfrentadas
Por un lado, la postura del PSOE como parte denunciante sostiene que la convocatoria de un acto público institucional con proyección mediática en plena jornada de reflexión quiebra la neutralidad política obligatoria. Por ello, solicitan como solución aplazar el evento o restringirlo a un encendido puramente técnico sin discursos ni intervención de autoridades. Por otro lado, la postura del Ayuntamiento (PP-Vox) defiende el encendido como un evento socioeconómico y comercial de carácter tradicional, indispensable para la dinamización del comercio local y el disfrute de las familias ilicitanas, argumentando que no existe intencionalidad ni mensaje partidista alguno.
Argumentos de la oposición (PSOE)
Los socialistas argumentan que la puesta en escena, la presencia de autoridades en un escenario y la megafonía institucional suponen una rentabilización política encubierta en la víspera de las elecciones. En su recurso ante la JEZ, reclaman que se impida cualquier acto protocolario para garantizar que ningún partido en el gobierno obtenga un escaparate ventajoso ante el electorado cuando la campaña ya ha finalizado formalmente.
Defensa del equipo de gobierno (PP y Vox)
Desde la alcaldía, Pablo Ruz defiende que el encendido responde al calendario festivo y a la planificación comercial de la ciudad, ajeno a la confrontación de partidos. El Gobierno municipal recalca que la activación de la iluminación es un servicio público ordinario de dinamización urbana que no tiene por qué detenerse, siempre y cuando se desarrolle dentro de los márgenes institucionales sin proclamas electorales.
Legalidad garantizada tras la supresión de discursos
En el plano estrictamente jurídico, la jurisprudencia consolidada de la Junta Electoral Central (JEC) establece una clara delimitación que despeja las dudas sobre su encaje legal: el encendido de las luces es plenamente legal si se prescinde de discursos e intervenciones políticas. Al considerarse una actividad de dinamización comercial y un servicio público ordinario, la puesta en marcha de la iluminación festiva sin atriles, sin discursos protocolarios, sin proclamación de logros ni presencia de autoridades en un papel de protagonismo político no vulnera el artículo 50 de la LOREG al carecer de carga propagandística. La ilegalidad no reside en las luces ni en el ambiente festivo, sino en la utilización de la megafonía pública o la escenografía municipal para que los cargos políticos dirijan mensajes a la ciudadanía en la víspera de las votaciones, por lo que al eliminar las alocuciones institucionales el riesgo de infracción electoral desaparece por completo.