En la huerta de Europa también se planta marihuana

La provincia de Alicante ha dejado de ser un mero punto de paso en las rutas del narcotráfico para convertirse en la gran «huerta» y centro neurálgico de la marihuana en el sureste peninsular. Lo que hace una década era un fenómeno residual ha mutado en una industria criminal de escala industrial, fuertemente jerarquizada y dominada por organizaciones transnacionales que han encontrado en la Costa Blanca el ecosistema perfecto para producir, almacenar y exportar cannabis a toda Europa.

La última operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional —desarrollada por el Grupo de Contrabando de Vigilancia Aduanera y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Alicante— es el retrato robot más reciente y preciso de esta amenaza. La investigación, iniciada el pasado mes de marzo en el término municipal de Elche, permitió interceptar una furgoneta con 126 kilos de cogollos listos para su distribución y culminó con el desmantelamiento de una plantación interior en la localidad murciana de Cehegín y el arresto de los principales responsables entre Elche y Guardamar del Segura. Sin embargo, para los investigadores, este golpe policial es solo la punta del iceberg de un fenómeno que asedia de forma constante a los municipios alicantinos.

 Por qué Alicante es el imán de las mafias

El atractivo de Alicante para los barones de la droga responde a una combinación exacta de geografía, urbanismo y logística. La enorme dispersión de fincas rurales en el campo de Elche o la Vega Baja, sumada a la alta densidad de chalets aislados y urbanizaciones residenciales en localidades como Guardamar, Torrevieja, Orihuela Costa o la Marina Baixa, ofrece a los clanes la discreción necesaria para levantar auténticas fábricas clandestinas sin levantar sospechas entre el vecindario.

A ello se suma el anonimato que proporciona una población flotante y turística acostumbrada a la presencia de ciudadanos extranjeros con alto poder adquisitivo. En este entorno, los cabecillas —principalmente de origen albanés, lituano, neerlandés o británico— se mimetizan con facilidad mientras dirigen operaciones millonarias. Además, la conexión directa a través de la autovía del Mediterráneo (AP-7) sitúa a la provincia en una posición estratégica inmejorable: desde Alicante, los cargamentos salen por carretera hacia Francia, Alemania, Países Bajos o Reino Unido ocultos entre mercancía legal de exportación, como frutas, hortalizas o calzado.

Márgenes de beneficio disparados y cosechas en tiempo récord

Para el crimen organizado, el cultivo de marihuana ha desplazado al hachís tradicional por una cuestión puramente financiera: la rentabilidad es abrumadora y el ciclo de producción, vertiginoso. Mientras que un kilogramo de cogollos de marihuana en suelo español se cotiza en torno a los 1.500 o 2.000 euros, esa misma mercancía alcanza fácilmente entre los 6.000 y los 10.000 euros al cruzar la frontera francesa.

Para maximizar este margen, las organizaciones han profesionalizado sus cultivos indoor hasta el extremo. Lejos de las plantaciones rudimentarias del pasado, los inmuebles registrados por la Policía en operaciones como la de Elche y Cehegín son verdaderos búnkeres tecnológicos equipados con paneles LED de última generación, sistemas automatizados de riego, extractores con filtros de carbono para neutralizar el olor, humidificadores y aparatos de aire acondicionado de gran potencia. Esta ingeniería agraria permite acelerar los ciclos naturales de la planta y obtener hasta cuatro y cinco cosechas anuales en el interior de una sola vivienda, convirtiendo cada chalet alquilado en una máquina ininterrumpida de generar dinero en efectivo.

Estructura militarizada: ‘jardineros’, testaferros y falsedad documental

Las pesquisas policiales en la provincia evidencian que estas redes operan bajo un estricto sistema de compartimentos estancos para blindar a sus cúpulas. En el escalón más bajo se sitúan los denominados «jardineros»: ciudadanos reclutados en sus países de origen —como el ciudadano lituano arrestado en el registro de Cehegín— que viven encerrados a cal y canto dentro de las propiedades durante meses, custodiando y cuidando las plantas sin apenas contacto con el exterior para evitar delaciones.

Por encima de ellos opera una estructura intermedia encargada del transporte en furgonetas nodriza —como el conductor de origen albanés interceptado en Elche con los 126 kilos de droga en bolsas de basura y rafia— y de la logística inmobiliaria. Para no dejar rastro documental, las tramas recurren de forma sistemática a testaferros o a la suplantación de identidad. En esta última operación, los investigadores descubrieron que la red había usurpado los datos de un ciudadano ucraniano ajeno a los hechos para formalizar los contratos de arrendamiento, sumando así los delitos de falsedad documental y usurpación de estado civil a los cargos por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.