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Con permiso del estado

Alfonso Calero

Alfonso Calero

Abogado y profesor de Internacional Público en la UA

La inflación de derechos

Cómo el exceso legislativo vacía de valor los derechos, desincentiva el ahorro yerosiona la propiedad privada

La candidata de Frente Amplio al Congreso, Ada Colau

La candidata de Frente Amplio al Congreso, Ada ColauEuropa Press

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Hay una ley económica elemental que hasta el gobernante más despistado acaba comprobando con dolor: cuando un banco central activa la imprenta y emite papel moneda sin respaldo de riqueza real, los precios suben, los ahorros se evaporan y el dinero pierde su valor. Zimbabue llevó este fenómeno al extremo al imprimir billetes de cien millones de dólares zimbabuenses que ni siquiera alcanzaban para comprar una barra de pan. La lección es clara: un billete no vale por el papel en el que está impreso, sino por la confianza y el respaldo productivo que hay detrás.

Lo que pocos perciben es que este mismo mecanismo opera, con idéntica precisión, en el ámbito jurídico y político. Vivimos instalados en una perpetua inflación de derechos.

En las democracias contemporáneas se ha extendido la creencia mágica de que la dignidad humana, el bienestar social y la justicia se decretan en un boletín oficial. Cada vez que surge un problema social, el legislador acude raudo a su propia rotativa metafórica para estampar un nuevo derecho en una norma publicable en el BOE. Tenemos derecho a la salud universal, a la educación gratuita, al ocio, a la cultura, al medio ambiente e incluso a la felicidad institucionalizada.

Sin embargo, los derechos no caen del cielo ni se sostienen por decreto. Para que un derecho sea operativo, no basta con proclamarlo solemnemente sobre el papel; todo derecho exige necesariamente un deber correlativo. Detrás de cada derecho legítimo debe existir una obligación específica y exigible. Si alguien tiene derecho a la sanidad, alguien —un médico, un contribuyente— tiene el deber de trabajar para financiarla o prestarla.

Cuando los gobiernos multiplican los derechos de carácter prestacional sin verificar si existen los recursos, los incentivos o las obligaciones reales que los sostengan, ocurre lo mismo que con la moneda en Zimbabue: se produce una inflación jurídica. Los derechos se multiplican de forma exponencial, pero su valor real se desploma hasta que se vuelven inoperativos en la práctica.

Un ejemplo paradigmático es el pretendido “derecho a la vivienda digna”. Se anuncia a bombo y platillo que todo ciudadano tiene derecho a que se le proporcione un hogar. Pero si formulamos la pregunta incómoda —¿quién tiene el deber ineludible de regalaris o construirnos esa casa?—, el castillo de naipes se derrumba. Si el Estado asume esa obligación, no tiene recursos propios por generación espontánea: tiene que expropiar, confiscar o detraer esa riqueza del esfuerzo de los demás contribuyentes o de los ahorradores. El derecho a la vivienda se convierte así en un billete de cien millones de dólares zimbabuenses: un papel llamativo que no compra ni un ladrillo.

Para entender por qué los derechos prestacionales conducen inevitablemente al colapso de la libertad, debemos recuperar la distinción clásica entre derechos negativos y derechos positivos.

Los derechos negativos son aquellos que se basan exclusivamente en la inacción de los demás. Exigen que el Estado y nuestros conciudadanos simplemente no interfieran en nuestra esfera de autonomía. El derecho a la vida exige que nadie te mate; el derecho a la libertad, que nadie te encierre arbitrariamente o que nadie te impida manifestar libremente tus opiniones; el derecho a la propiedad privada, que nadie te robe el fruto de tu trabajo. Estos derechos son perfectamente universales, armonizables y sostenibles, porque su cumplimiento no requiere ni el pago ni el trabajo de un tercero; solo exigen respeto mutuo.

Por el contrario, los derechos positivos, también llamados prestacionales, exigen la acción coactiva de terceros. Para poder garantizar una vivienda, una subvención o un servicio gratuito a una persona, el Estado tiene que vulnerar primero los derechos negativos de otra mediante la recaudación fiscal o la regulación.

Aquí radican el núcleo del problema y la gran falacia de nuestro marco constitucional moderno: el pretendido derecho a la vivienda digna no solo es irrealizable por medios legítimos, sino que colisiona de frente con un verdadero derecho fundamental, como es la propiedad privada, y lo destruye.

La propiedad privada es la piedra angular de cualquier sociedad libre. Es el reconocimiento jurídico de que el individuo es dueño de su esfuerzo, de su tiempo y de los bienes que legítimamente ha adquirido o producido. Sin propiedad privada no hay libertad económica, ni contratos voluntarios, ni incentivos para la inversión o la producción.

Cuando un gobierno proclama un derecho a la vivienda que obliga a intervenir el mercado, limitar los precios del alquiler por decreto, prohibir los desahucios de okupas o expropiar viviendas vacías, no está creando un derecho nuevo de la nada, sino que está confiscando y devaluando la propiedad privada de un ciudadano particular para transferírsela a otro. Está utilizando la ley para saquear al ahorrador que invirtió el fruto de su trabajo en un piso para su jubilación y convertirlo en un pagador forzoso de una política social que corresponde acometer, en todo caso, a la administración pública mediante la solidaridad voluntaria o mediante unos presupuestos generales transparentes, y no mediante el expolio privado.

La inflación de derechos es la mayor amenaza contemporánea para el Estado de derecho. Al pretender que todo es un derecho garantizado por la fuerza coactiva del Estado, se vacían de significado los verdaderos derechos.

Los únicos derechos auténticos, universales y compatibles con la dignidad humana son los derechos negativos, aquellos que no dependen de la acción coactiva de terceros, sino de su respetuosa inacción: la vida, la libertad y la propiedad privada. Pretender elevar los deseos sociales, como la vivienda, a la categoría de derechos fundamentales no hace sino pisotear la propiedad ajena y conducir a la sociedad a la miseria jurídica y económica. Imprimir derechos falsos es muy fácil; lo difícil, y lo verdaderamente justo, es sostener una sociedad donde la ley proteja lo que es de cada uno frente al apetito confiscatorio del Estado.

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