El Consell aclara qué hará con las tasas a las embarcaciones humanitarias ante la presión de Vox
La Ley de Tarifas Portuarias fija exenciones para barcos de Cruz Roja y ONGs sin fines lucrativos que deban situarse en puertos públicos por necesidades de funcionamiento.
Rescate del Aita Mari
El PPCV ha anunciado, tras la polémica de la última semana por la embarcación humanitaria 'Aita Mari' a la que el puerto de Burriana le reclamaba 63.000€ en tasas por el amarre durante un largo período sin actividad, que el Consell "nunca va a cobrar ningún tipo de tasas a barcos mientras estén realizando tareas humanitarias". Algo que choca frontalmente con una de las peticiones de sus ya exsocios de gobierno, Vox, quien hace unos días alardeaba en sus redes sociales que gracias a una solicitud presentada por ellos, la Generalitat iba a poner fin a los "privilegios" que recibían estás embarcaciones.
La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha llegado a decir, en la línea que mantiene Vox, que estás ONG colaboran con las "mafias" de tráfico de personas y "ayudan a traer inmigrantes ilegales a nuestro país". Desde Vox se proponía que estas embarcaciones humanitarias pagaran lo mismo que cualquier otro tipo de embarcación que decidiera atracar en uno de los puertos de la Comunitat a pesar de estar salvando vidas en el Mediterráneo.
Toda esta polémica con el 'Aita Mari' azotó al Consell hace apenas unos días cuando la ONG Salvamento Marítimo Humanitario denunció que la Generalitat le reclamaba un total de 63.300 euros en concepto de tasas humanitarias, al "modificar el reglamento suprimiendo la exención de tasas que existía hasta ahora" en la Ley 2/2014 de Puertos.
Sin embargo, la portavoz adjunta del grupo parlamentario popular en Les Corts Valencianes, Laura Chuliá ha señalado que "nada más lejos de la realidad" y ha defendido que el Gobierno valenciano "mantiene una estrecha relación con todos los actores portuarios, incluidas las embarcaciones de ayuda humanitaria, y siempre se ha priorizado su petición de amarre".
La portavoz 'popular' ha asegurado que, durante el gobierno del Botànic, "se generó una situación de inseguridad jurídica al extender las exenciones para cuestiones operativas a todos los casos, dejando caducar expedientes sin un respaldo legal adecuado, lo que podía generar un problema al cuerpo de funcionarios".
"Lo que hemos hecho ahora es regularizar una situación que carecía de soporte administrativo, aplicando la misma ley que estaba vigente. En ningún caso se ha modificado la normativa con el decreto de simplificación administrativa, únicamente se han actualizado las tasas de luz y agua", ha detallado.
La Ley de Tarifas Portuarias fija exenciones para barcos de Cruz Roja y otras entidades humanitarias sin fines lucrativos que deban situarse en puertos públicos por necesidades de funcionamiento, previa comunicación a las administraciones. Sin embargo, "la tónica habitual en los puertos de Vinaròs y Borriana en los últimos años ha sido el amarre durante periodos prolongados sin actividad", ha indicado.
En este sentido, Chuliá se ha preguntado "por qué estas embarcaciones no recalan en puertos de titularidad estatal en los que sí se les cobra tasas". "El Consell de Carlos Mazón mantiene un diálogo permanente con las embarcaciones humanitarias. Siempre se les garantizará que puedan recalar en los diferentes puertos de la Comunitat Valenciana sin ningún tipo de veto, pero cumpliendo con la normativa vigente", ha asegurado.
La parlamentaria a subrayado que las tasas cobradas "pueden ser recurridas si se considera que eran estancias contempladas y comunicadas, y se analizará cada caso individualmente".