Vox lleva al Ayuntamiento de Castellón su rechazo a la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno de Sánchez

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castellón ha elevado el tono contra el nuevo proceso de regularización masiva de inmigrantes puesto en marcha por el Gobierno de España, al que atribuye un impacto directo sobre la presión de los servicios públicos, el mercado de la vivienda y la convivencia social. El portavoz adjunto de la formación en el consistorio, Alberto Vidal, ha anunciado la presentación de una declaración institucional en la que rechazan esta medida, que considera “una grave irresponsabilidad” y una decisión que, a su juicio, “agravará problemas ya existentes” en ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y el acceso a la vivienda.

Vidal sostiene que la iniciativa del Ejecutivo no resuelve la situación migratoria, sino que la complica, al entender que puede actuar como incentivo para nuevas llegadas irregulares. En este sentido, ha advertido del llamado “efecto llamada”, asegurando que este tipo de políticas “transmiten un mensaje peligroso” al normalizar procesos de regularización a gran escala.

En su intervención, el portavoz de Vox ha insistido en que las consecuencias de estas decisiones ya se estarían notando en el día a día de los municipios, con una mayor demanda sobre los servicios públicos esenciales y una creciente tensión en el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias trabajadoras.

Asimismo, ha puesto el foco en la situación demográfica de la ciudad, donde ha señalado que una parte relevante de la población es de origen extranjero, lo que —según su análisis— exige una planificación migratoria más estricta y ajustada a la capacidad real de integración.

Vidal también ha cuestionado lo que considera una política de concesión de nacionalidad y regularizaciones “sin suficiente control”, defendiendo que este tipo de procesos pueden generar desigualdades frente a quienes han seguido los cauces legales desde el inicio.

Propuestas y exigencias de Vox

La declaración institucional registrada por Vox en el Ayuntamiento de Castellón no solo rechaza la medida del Gobierno, sino que incluye una serie de propuestas y reclamaciones dirigidas a distintas administraciones.

Por un lado, el grupo municipal insta al Ejecutivo central a replantear su política migratoria y orientarla hacia un modelo basado en el control de fronteras, la legalidad y la adaptación a la capacidad de integración social y económica del país.

En paralelo, solicita a la Generalitat Valenciana que evalúe el impacto de estas políticas en el territorio y refuerce la coordinación con los ayuntamientos para garantizar recursos suficientes en sanidad, educación, servicios sociales y vivienda.

Finalmente, la iniciativa plantea la elaboración de un informe técnico sobre la situación en Castellón y reclama una financiación adecuada para los municipios, con el objetivo de evitar, según defienden, que la calidad de los servicios públicos se vea afectada por la presión demográfica y administrativa.