La Diputación de Castellón mueve ficha: 650.000 euros al tercer sector y presiona al Gobierno por las carreteras, gasto y agua

La Diputación de Castellón ha dado un paso relevante en su política social y de infraestructuras tras el pleno ordinario de abril, en el que ha aprobado un paquete de medidas que combina refuerzo al tercer sector con nuevas exigencias a otras administraciones como el Gobierno de España o la Generalitat. La sesión, celebrada este martes, ha sacado adelante ayudas por valor de 650.000 euros destinadas a proyectos sociales y de igualdad, junto a varias iniciativas para mejorar carreteras, redes de agua y la capacidad de gasto de los ayuntamientos.

Uno de los acuerdos centrales ha sido la reorganización de las subvenciones dirigidas a entidades sociales, que pasan a integrarse en una única convocatoria. Esta fusión de líneas busca simplificar los trámites, unificar criterios y facilitar el acceso a las ayudas por parte de asociaciones y colectivos de la provincia. La medida ha contado con el respaldo del equipo de gobierno, el Grupo Socialista y Compromís.

En concreto, la línea principal para el mantenimiento y desarrollo de proyectos sociales contará con una dotación de 600.000 euros, con un máximo de 20.000 euros por entidad. A ello se suma una partida de 50.000 euros para iniciativas de igualdad entre hombres y mujeres, que incrementa su presupuesto respecto al año anterior y fija un tope de 4.000 euros por beneficiario. Con este nuevo modelo, las organizaciones podrán concurrir de forma más ágil y presentar propuestas tanto en el ámbito social como en el de igualdad dentro de un mismo procedimiento.

Más allá del ámbito social, el pleno ha evidenciado consenso en cuestiones clave como el agua. La corporación provincial ha aprobado por unanimidad instar a la Generalitat Valenciana a reforzar la financiación para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento en los municipios. En especial, se pide una línea específica para eliminar conducciones con amianto, en línea con los objetivos europeos de retirada antes de 2032.

La presidenta de la institución, Marta Barrachina, ha defendido esta medida como una acción necesaria para mejorar la salud pública y modernizar infraestructuras básicas, al tiempo que facilita a los ayuntamientos planificar la sustitución progresiva de estas instalaciones.

Otro de los focos del debate ha sido la situación económica de las entidades locales. El pleno ha aprobado una moción para reclamar al Gobierno central la flexibilización de las reglas fiscales en 2025 y 2026, con el objetivo de que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes de tesorería sin las limitaciones actuales. La propuesta ha salido adelante con el apoyo del gobierno provincial y el PSOE, la abstención de Compromís y el rechazo de Vox.

En esta línea, también se solicita que los consistorios puedan destinar estos fondos no solo a inversiones financieramente sostenibles, sino también a gasto corriente, y que se agilicen los trámites administrativos para evitar que el dinero quede bloqueado. “Es necesario poder utilizar nuestros ahorros para atender las necesidades reales de la ciudadanía”, ha reivindicado Barrachina.

Las infraestructuras viarias han completado el paquete de acuerdos. La Diputación ha exigido al Gobierno de España la reactivación urgente de las obras de la N-232 en el tramo entre la Masía de la Torreta y Morella Sur, así como avances en otros proyectos estratégicos como la mejora de conexiones en la N-340, el impulso de la A-7 en el interior de la provincia o nuevos accesos a la AP-7 en puntos clave como Benicàssim, Vila-real y Vinaròs.

Con este pleno, la institución provincial combina el impulso a las políticas sociales con una ofensiva institucional para desbloquear inversiones y dotar de mayor autonomía financiera a los municipios, en un contexto marcado por las demandas crecientes del territorio.