La Diputación de Castellón presiona al Gobierno para liberar los remanentes municipales: “Queremos gastar nuestros ahorros”

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha elevado la presión sobre el Gobierno de España con el envío de un manifiesto respaldado por 79 alcaldes de la provincia para exigir el desbloqueo de las reglas fiscales y permitir a los ayuntamientos utilizar sus remanentes de tesorería. La iniciativa, impulsada tras la reciente Cumbre de Alcaldes celebrada en Castellón, reclama mayor autonomía económica para las entidades locales y denuncia que las actuales limitaciones impiden a los municipios destinar sus propios recursos a inversiones, servicios públicos o políticas sociales.

El documento, promovido por Barrachina y remitido ya al Ejecutivo central, se hizo extensivo a los 135 municipios de la provincia con el objetivo de presentar un frente común. Sin embargo, la dirigente provincial ha criticado la escasa adhesión de representantes vinculados al PSOE y Compromís, asegurando que “han antepuesto los intereses partidistas a los intereses de sus vecinos”.

La presidenta provincial también ha reprochado a parte de la oposición que respaldara recientemente en pleno una moción con el mismo objetivo, pero que después no apoyara públicamente el manifiesto. “No se entiende que voten una cosa en la institución y luego no den el paso de firmarla”, vino a trasladar la dirigente castellonense.

En el texto firmado por los alcaldes se advierte de que las actuales reglas fiscales están impidiendo que muchos ayuntamientos puedan utilizar fondos disponibles para responder a necesidades urgentes de la ciudadanía. Entre las principales reclamaciones figura la suspensión o flexibilización de la regla de gasto, así como la autorización para emplear los remanentes de forma más amplia y flexible.

Desde la Diputación defienden que liberar esos recursos permitiría acelerar inversiones municipales, reforzar servicios públicos, dinamizar la economía local y afrontar con mayor capacidad las demandas vecinales. La reivindicación llega además después de que el último pleno provincial aprobara una moción para reclamar al Gobierno central un Real Decreto-ley que flexibilice las reglas fiscales durante 2025 y 2026. La propuesta salió adelante con el apoyo del equipo de gobierno y del grupo socialista, la abstención de Compromís y el rechazo de Vox.

Otro de los puntos clave de esta demanda lanzada por Barrachina es la reclamación de las entregas a cuenta que, según denuncia la Diputación, el Estado adeuda a la provincia. La dirigente cifra esa cantidad en unos 250 millones de euros desde 2023 y sostiene que el aumento de población y de la recaudación fiscal debería traducirse en una mayor financiación para los municipios castellonenses.

En la misma línea se ha pronunciado el vicepresidente y portavoz del Gobierno provincial, Héctor Folgado, quien ha advertido del desfase existente entre lo que corresponde recibir a los ayuntamientos y lo que realmente están percibiendo debido a la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

La Diputación insiste en que seguirá reclamando una actualización real de las entregas a cuenta para 2026 y reivindicando que los municipios puedan disponer libremente de unos recursos que consideran esenciales para garantizar servicios e inversiones en la provincia de Castellón.