Castellón exige al Gobierno que devuelva 250 millones en entregas a cuenta pendientes desde 2023: "recaudan más y pagan menos"
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, llevará este lunes a la comisión de diputaciones de la FEMP una declaración conjunta en defensa de la financiación local y pedirá el desbloqueo de las reglas fiscales que impiden a ayuntamientos y diputaciones usar sus propios remanentes.
La presidenta de la Diputación de Castelló, Marta Barrachina.
La Diputación de Castellón va a la FEMP con los deberes hechos y una reclamación muy concreta sobre la mesa: el Gobierno de España le debe a la provincia 250 millones de euros en entregas a cuenta pendientes desde 2023, dinero que corresponde a la participación de las entidades locales en los tributos del Estado y que no se ha actualizado pese a que la recaudación fiscal ha crecido de forma sostenida en los últimos tres años.
La presidenta de la corporación provincial, Marta Barrachina, llevará este lunes a la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias una propuesta de declaración conjunta en defensa de la autonomía local y la financiación justa. El texto que Barrachina quiere incluir en ese documento es directo: el Gobierno debe actualizar "de manera urgente" las entregas a cuenta adecuándolas "a la evolución real de los ingresos y a las previsiones macroeconómicas vigentes".
El argumento de la presidenta castellonense es tan sencillo como contundente: la población ha crecido, los ciudadanos pagan más impuestos y el Estado recauda más, pero las cantidades que llegan a los ayuntamientos y diputaciones siguen congeladas en las cifras de 2023 por la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Se ha incrementado la población, se pagan más impuestos y el Gobierno está recaudando más. No vamos a dejar de alzar la voz para exigir lo que es justo", ha advertido Barrachina.
Además de las entregas a cuenta, la Diputación de Castellón también reclama el desbloqueo de las reglas fiscales que impiden a ayuntamientos y diputaciones usar libremente sus remanentes de tesorería, es decir, el dinero que han ahorrado y que el marco legal actual les impide invertir. Un manifiesto firmado junto a alcaldes y alcaldesas de la provincia y aprobado como moción en el pleno de la Diputación exige al Ejecutivo central que autorice el uso pleno y flexible de esos fondos, que según Barrachina permitirían "impulsar inversiones necesarias, mejorar los servicios públicos y reactivar la economía local".
La declaración que se aprobará este lunes en la FEMP pretende unir la voz de todas las diputaciones provinciales y cabildos insulares ante un Gobierno al que acusan de dejar sin recursos a las administraciones más cercanas al ciudadano mientras sigue engordando sus propias arcas con una recaudación récord.