Cinco años mortal derrumbe de una vivienda en Peñíscola: los propietarios claman justicia y el edificio permanece abandonado
Los vecinos aseguran que todavía no han terminado las diligencias para determinar posibles responsabilidades penales y denuncian que el inmueble ha sido vandalizado durante los años bajo custodia judicial.
(Foto de ARCHIVO) Edificio derrumbado
Han pasado cinco años desde el derrumbe del edificio de Peñíscola que el 25 de agosto de 2021 acabó con la vida de una mujer de 54 años y un menor de 14. Sin embargo, la investigación judicial continúa sin cerrarse y los propietarios de las viviendas afectadas reclaman que se esclarezcan las posibles responsabilidades por el siniestro. La Comunidad de Propietarios Patios Fase V, en la urbanización Font Nova de Peñíscola (Castellón) denuncia que, cinco años después de la tragedia, las diligencias para determinar si existieron negligencias que pudieran tener consecuencias penales todavía no han concluido.
Los propietarios aseguran además que el inmueble se encuentra actualmente "totalmente vandalizado", después de permanecer durante años bajo custodia judicial, y lamentan no haber recibido, según su versión, ayudas ni respaldo suficiente por parte de las administraciones.
Uno de los principales avances de la investigación se produjo en abril de 2025, cuando la jueza que instruye el procedimiento acordó tomar declaración en calidad de investigados a técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola y del Colegio de Arquitectos de Castellón, con el objetivo de determinar si podían existir responsabilidades penales.
En el caso de los técnicos municipales, la investigación pretende esclarecer si hubo una actuación negligente relacionada con la concesión de las licencias de obras y primera ocupación del edificio o si se ignoraron advertencias relevantes sobre la seguridad estructural de la construcción. En octubre declararon ante el juzgado el arquitecto municipal que firmó la licencia de obras, el responsable jurídico del Ayuntamiento que informó ese expediente y la aparejadora municipal que intervino en la licencia de primera ocupación.
La instructora también acordó tomar declaración a la persona que firmó el visado del proyecto arquitectónico y reclamó información al Colegio de Arquitectos de Castellón para comprobar si el proyecto incorporaba toda la documentación exigida legalmente. El problema, según denuncian ahora los propietarios, es que esa petición continúa sin respuesta. Aseguran que, más de un año después del auto judicial, el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón no ha aportado la información requerida.
Además, en febrero de 2026 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) habría requerido al Colegio para que designara un perito que compareciera ante el juzgado. Los vecinos aseguran que tampoco han recibido respuesta a este requerimiento.
Reapertura de la investigación
La causa ya había experimentado un importante giro en octubre de 2024, cuando la Audiencia Provincial de Castellón ordenó reabrir la investigación al considerar prematuro el archivo provisional. El edificio afectado contaba con 55 viviendas y su derrumbe provocó la muerte de dos personas. La decisión de la Audiencia permitió continuar investigando las circunstancias que pudieron contribuir al colapso del inmueble.
Uno de los elementos fundamentales de la causa es el informe elaborado por la Conselleria de Vivienda, que atribuyó el derrumbe a una combinación de deficiencias y errores en la estructura del edificio.
Según ese informe, la ejecución de la obra se habría apartado del proyecto constructivo inicialmente previsto. Entre las deficiencias señaladas figuraban el uso de ladrillos de menor calidad, unos cimientos con un grosor inferior al previsto y problemas de humedad en la cámara sanitaria. Esta última circunstancia habría reducido hasta un 40% la capacidad de los muros de carga, según las conclusiones recogidas en el informe citado por los propietarios.
La situación del edificio es otra de las grandes preocupaciones de los afectados. Los propietarios sostienen que durante los años en los que el inmueble permaneció bajo custodia judicial se produjo un deterioro progresivo y que las viviendas fueron saqueadas y vandalizadas.
La comunidad de propietarios denuncia que las aseguradoras implicadas tampoco han dado respuesta, según su versión, a las necesidades derivadas de la pérdida de unas viviendas que actualmente permanecen inhabitables.
Los afectados han presentado recientemente una reclamación de responsabilidad patrimonial por la vandalización de la finca durante el periodo de custodia. También han solicitado a la Policía Local que incremente la vigilancia del inmueble, ya que, según denuncian, el vallado que debería impedir el acceso aparece roto de forma recurrente.
Los propietarios reclaman que se depuren responsabilidades
Coincidiendo con el quinto aniversario del derrumbe, los propietarios vuelven a reclamar que la investigación avance y se determine si existieron responsabilidades por acción u omisión. Su principal reproche se dirige al tiempo transcurrido desde el siniestro y a la situación en la que se encuentra actualmente el edificio, mientras las diligencias judiciales continúan abiertas.
La comunidad sostiene que sigue sin recibir una solución para unas viviendas que quedaron inutilizadas tras el derrumbe y reclama que tanto la investigación judicial como las actuaciones administrativas permitan esclarecer definitivamente qué ocurrió y quién pudo tener responsabilidad en una tragedia que dejó dos víctimas mortales en Peñíscola.
