El Ayuntamiento de Castellón "escapa" de los periodistas para no rendir cuentas
La alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, evita responder a las preguntas que se le formulan a pesar de los reiterados intentos por fiscalizar su gestión al frente del consistorio
El código civil español contempla en varios de sus artículos una serie de derechos destinados a garantizar el control de la ciudadanía sobre las acciones u omisiones que realizan las instituciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Este mecanismo se conoce como Rendición de Cuentas y su fin último es sentar las bases fundamentales para el correcto funcionamiento de una sociedad democrática. Sin ir demasiado lejos, el año 2019 la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) advirtió bajo este mismo precepto a la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Budó, por negarse a responder en castellano a las preguntas formuladas por los periodistas.
No obstante, algunas instituciones continúan evitando la fiscalización pública de la gestión política. Prueba de ello es la postura adoptada por el Ayuntamiento de Castellón para obstaculizar la labor de los periodistas y evitar así que no se pueda informar sobre asuntos que, al parecer, no interesa que transciendan a la opinión pública. Un redactor de ESdiario trasladó el día 2 de junio una serie de preguntas por teléfono y correo electrónico a la alcaldesa Amparo Marco (PSOE) siguiendo el protocolo habitual en este tipo de requerimientos.
Sin embargo, a día de hoy, tras múltiples insistencias y transcurridos 23 días, continúa sin ofrecer una respuesta. Esta consulta recogía las reivindicaciones que habían expuesto los propios vecinos de un barrio de la ciudad, los cuales denuncian la ausencia de centros públicos básicos - biblioteca, hogar del jubilado, ambulatorio o punto de encuentro para jóvenes, entre otros- a pesar de que en la misma zona se ubican hasta 9 locales abandonados propiedad de la Generalitat. La asociación de vecinos del distrito del Raval Universitario se puso en contacto en su día con el Ayuntamiento para exigir explicaciones, obteniendo también la callada por respuesta. Fue entonces cuando este medio se hizo eco de las quejas e intentó recabar información.
Desde el 2 de junio, fecha en la que se trasladó la petición a la alcaldía, han sido varios los intentos por conseguir la contestación: 4 y 7 de junio se envían mensajes por WhatsApp al gabinete de comunicación; 10 de junio se envía correo electrónico; 14 de junio y 23 de junio se vuelven a enviar mensajes por WhatsApp. En total, hasta 5 reiteraciones de las cuales tan sólo respondieron a una de ellas, la del 14 de junio, para justificar la tardanza: “Cuando dispongamos de la información que solicitaron, la haremos llegar. Entendemos los inconvenientes, no siempre es posible resolver las solicitudes con la agilidad que nos gustaría a todos. Disculpa las molestias”.
En definitiva, diferentes evasivas que pretender “escapar” de las preguntas, denotando un desconocimiento (quizás intencionado) de sus obligaciones con una transgresión del tiempo medio de espera establecido. Una estrategia que, se intuye, pasa por hacer un uso interesado del tiempo para silenciar la noticia. Nada más lejos de la realidad. En este punto conviene recordar que en el marco de las libertades consagradas en la Constitución, el ejercicio profesional del periodismo representa un importante compromiso social como contrapeso a los intentos de abuso de poder. Este acuerdo constituye la razón de ser del periodismo y así seguirá siendo porque, precisamente, el cumplimiento del pacto social con los ciudadanos es lo que otorga legitimidad a la información. De no ser así, la profesión estaría abocada a la desaparición.