Joan Ribó imputado por tercera vez... ahora por una piscina clandestina
El exalcalde de Valencia se sentará en el banquillo en calidad de investigado a raíz de una polémica construcción ilegal.
El ex alcalde de Valencia de Compromís, Joan Ribó, ha sido imputado por la construcción de una construcción clandestina, una piscina ilegal en Alboraya, según ha podido confirmar ESdiario. No es la primera vez que el que fuera alcalde durante ocho años de la capital valenciana acude a los juzgados en calidad de investigado, sino la tercera.
Ribó tendrá que dar explicaciones ante el juez por esta obra pirata el próximo mes de julio. El conflicto viene dado por la confluencia de dos términos municipales en la delgada línea que separa Valencia de Alboraya. Demostrando no ser conocedor de los lindes de la ciudad que gobierna, el Ayuntamiento de Valencia habría construido la piscina en el término de Alboraya sin haber solicitado autorización. Pero no solo eso, esa zona está protegida al considerarse parte de la huerta urbana de valencia lo que convierte la calificación del suelo en no urbanizable. Ese es el ecologismo de Compromís, quienes promueven las políticas verdes acaban cargándose la huerta para poner una lujosa piscina.
El caso surge a raíz de la denuncia de un vecino a nivel particular. En 2023 Denunció al alcalde y solicitó al juez que le investigara. También a la responsable en esta materia, su entonces concejala del PSPV, Sandra Gómez. Posteriormente, la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho encabezada por la ex alcaldesa de Catarroja, María Ángeles López, se adhirió a la denuncia.
Finalmente, la Fiscalía ha aceptado la petición de citar a declarar en calidad de investigado a Joan Ribó, quien se jubiló el pasado 2023. Por contra, desestima investigar a la entonces titular de Desarrollo Urbano, aforado ahora como eurodiputada.
No es la primera vez que el que fuera el 'ídolo' del nacionalismo valenciano, Joan Ribó, se sienta en el banquillo de los acusados. Como ya adelantó ESdiario en exclusiva, ya en 2023 fue citado como investigado en el caso de la presunta malversación por supuestamente favorecer la adjudicación de la mayor terminal del puerto de Sagunto al hijo de un empresario naviero reconocido. También en 2018 se enfrentó a un conflicto menor por negarle documentación a la entonces oposición del PP que acabó en los juzgados.