La ley que retrata Morant y Bernabé: Generalitat no está obligada a vigilar los barrancos

Las 'mentiras' del PSPV-PSOE con tal de salvar su relato y cargar todas las responsabilidades de la gestión de la dana contra la Generalitat y el president Carlos Mazón empiezan a volverse en su contra tras la declaración en sede judicial de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien afirmó lo que Mazón y su gobierno venían defendiendo desde el día uno: que la Confederación Hidrográfica del Júcar, aquella tarde, no informó sobre la crecida del barranco del Poyo, el que provocó más muertes durante la riada. Ahora, como les han pillado con el carrito de los helados, intentan salvar a la CHJ —órgano dependiente del Gobierno de España, que estuvo en el Cecopi desde las 17:00 h y calló— afirmando que Emergencias tenía la obligación de vigilar los ríos y barrancos aquella tarde, algo que desmienten la Ley de Aguas y el Plan Especial de Inundaciones.

Esta ley, en su artículo 94, exime a la Generalitat de cualquier obligación en lo que a vigilancia de caudales se refiere, pues, según el texto, la supervisión del dominio público hidráulico, zonas de servidumbre y perímetros de protección se ejercerá por la administración hidráulica competente, es decir, en este caso, la Confederación Hidrográfica del Júcar y, en segundo término, también participan otros organismos, como los municipios.

De hecho, tal y como establece el Plan Especial de Inundaciones, ante la alerta hidrológica, los ayuntamientos son los que deben realizar los avisos e informar a la población, además de garantizar el alejamiento preventivo de las zonas inundables y la vigilancia en puntos críticos en vías de comunicación.

Entre las funciones que, según esta ley, deben asumir los agentes medioambientales de la CHJ están “la inspección y control del dominio público hidráulico, así como la realización de aforos, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas”, siendo además que, en el ejercicio de su función, los agentes medioambientales de la CHJ destinados en las comisarías de aguas de los organismos de cuenca tienen el carácter de autoridad pública y están facultados para, entre otros, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos y grabaciones de imágenes.

La propia CHJ comunicó que movilizó a sus agentes medioambientales, y Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, afirmó el 29 de octubre que iban a “estar atentos a las zonas afectadas por avenidas. La Confederación del Júcar tiene monitorizados absolutamente todos los espacios”. Además, el delegado del Gobierno de Medio Natural ofreció el 29 de octubre —si fuera necesario y como medida de apoyo a otros cuerpos competentes, según el plan— el despliegue de los agentes medioambientales de la Generalitat para el seguimiento de caudales en ríos y barrancos.

Agentes medioambientales de la Generalitat

Las funciones de los Agentes Medioambientales de la Generalitat son concretamente la asistencia al ciudadano en todas aquellas actuaciones sometidas a autorización, tales como la realización de cortas, podas, quemas, desbroces, laboreos, etc. informándole de los trámites a seguir y asesorándole para la mejor gestión de sus fincas o montes, así como en materia de caza, pesca, vías pecuarias, flora, fauna, etc. 

"Los técnicos de la CHJ son los especialistas en precisar riesgos"

A este respecto se ha pronunciado el portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, quien ha dicho que son los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar los que tienen los conocimientos suficientes para precisar los riesgos en este tipo de situaciones de crecida: "puedo ir yo a ver el caudal, pero si no tengo la experiencia y los conocimientos suficientes en este tipo de escenarios, dire que está sí, que está lleno y ya".