La Comunidad Valenciana mantiene el pulso a Pedro Sánchez en la batalla ideológica de la memoria democrática
El Ejecutivo de Carlos Mazón rechaza modificar la ley de la Concordia de Vox que reconoce a las víctimas de la Segunda República y ETA pese a que expira el ultimátum del Gobierno de forma inminente.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el síndic de Vox, José María Llanos
La Generalitat Valenciana no dará un paso atrás con la ley de la Concordia de las autonomías controladas por PP y Vox. Ni las presiones y amenazas del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez para imponer su memoria democrática, ni el precedente de la marcha atrás de Castilla y León, ni la salida de Vox de los ejecutivos autonómicos hacen que el Consell de Carlos Mazón retroceda con lo que consideran "una buena ley".
La ley de la Concordia ha dado lugar a la discordia abriendo una batalla ideológica entre la derecha y la izquierda. Esta sustituye a la ley de Memoria Democrática del Botànic (PSOE, Compromís y Podemos). Contempla reconocer a las víctimas -no solo de la Guerra Civil como plantea la izquierda- sino también de la Segunda República y las del terrorismo de ETA hasta ahora excluidas.
La normativa se gestó en el seno de Bambú. Vox extendió esta ley a las autonomías donde cogobernaba con el PP en 2024. El Gobierno dio un ultimátum en distintas ocasiones para que la retirasen antes de iniciar una batalla judicial. Así lo hizo el PP Castilla y León al romper con Vox. En cambio, la Comunidad Valenciana la sacó adelante antes del verano. En el caso de Extremadura siguió sus pasos aprobándola hace poco más de un mes.
Este 22 de abril de 2025 expiraba el nuevo ultimátum del Gobierno para modificarla antes de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Ultimo porque no ha sido el primero. El Gobierno ya fijó el 29 de mayo de 2024 como fecha máxima en la que haría cumplir su amenaza. Después optó por ampliar el periodo de negociaciones con las autonomías hasta el 30 de septiembre. La idea de la guerra judicial entorno a este asunto parecía haberse aparcado, pero el 2 de abril el Gobierno del PSOE recuperó esta advertencia.
La portavoz del Consell de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, ha censurado al Ejecutivo de Pedro Sánchez por "atacar la autonomía de las comunidades autónomas". Desde el inicio el gobierno valenciano se ha enrocado en la misma postura, la necesidad de ampliar el reconocimiento a las víctimas y extenderla a otros periodos más allá de la obsesión del PSOE por la Guerra Civil y el franquismo. La vicepresidenta Susana Camarero insiste en que es una ley "positiva" y por ello no solo se mantendrá, sino que esperan poder continuar ampliándola. "Vamos a seguir desarrollando una ley en la que creemos y que consideramos que es positiva para esta comunidad", ha anticipado.
Una idea que ya planteó Vox en octubre del pasado año con las propuestas de la creación de un Comité de Expertos con competencias en protección del patrimonio cultural, elaborar un catálogo de vestigios como placas, honores, monumentos, estatuas, objetos u otros elementos o la creación de un mapa con los diferentes puntos de interés históricos.