La politización de la dana aviva la batalla judicial

La tragedia de la dana que asoló Valencia y dejó al menos 229 muertos no solo no se ha librado de la politización, sino que está traspasando límites. Desde los partidos de izquierda y entidades vinculadas o sindicatos haciendo sangre hasta los incomprensibles entresijos del proceso judicial. El último movimiento sorprendente es el intento de la escisión de una asociación de las víctimas de la dana de demandar a Vox. 

La Asociación de Víctimas Mortales de la Dana surge como escisión de SOS Desaparecidos por sus desavenencias entorno a la reunión con el presidente Carlos Mazón. El jefe del Consell recibía a todas las víctimas en el Palau. Rosa Álvarez -vinculada a la alcaldesa socialista de Catarroja- no vio buenos ojos ese acercamiento y optó por montar la nueva asociación. La misma Rosa Álvarez que ahora anuncia que va a demandar a Vox por "injurias y calumnias" por afirmar que existen algunas asociaciones que tienen "intereses" y están "controladas por partidos políticos". Unas declaraciones que no encajan en la tipificación de dichos delitos. 

Aunque se haya dado por aludida con estas manifestaciones emitidas por el portavoz de Vox José María Llanos, no es la única de las partes vinculada a un partido político, pues la presidenta de la Asociación victimas de la DANA 29 d'octubre cobra un sueldo como asesora de Compromís, como ya avanzó ESdiario. El partido nacionalista no solo ejerce una oposición destructiva sobre la dana en el parlamento valenciano o promueve escraches al presidente, sino que se sirve de sus entidades vinculadas como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), para organizar las manifestaciones mensuales teledirigidas solo contra el equipo de Mazón, además de haber emprendido acciones legales contra el Consell.

A ello se suma el último auto de la jueza de Catarroja que investiga la dana consultado por ESdiario admitiendo como prueba un contradictorio informe del sindicato CGT, que a su vez ejerce de acusación en la causa además de agitar las movilizaciones tanto en la calle como en la puerta de los juzgados. La jueza Nuria Ruiz Tobarra acepta el análisis "técnico" del sindicato escrito por su propio secretario general en el que acusa a la Generalitat de no aplicar el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en la tarde del 29 de octubre. Sin embargo, el hecho de que se convocara el Cecopi o el elevar la emergencia al nivel 2 fueron pasos que se dieron y que forman parte de dicho Plan de Inundaciones. Aún así, la jueza acepta la documentación y analizará minuciosamente si se llevaron a cabo todos los pasos previstos en el protocolo en aquella tarde caótica. 

Al tiempo, la instrucción de la causa parece ignorar por el momento la desinformación existente sobre el desbordamiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).  Porque no deja de llamar la atención cómo por el momento exonera a los cargos del Gobierno central siguiendo una línea de investigación, alejada a la de la propia Fiscalía o a la de las comisiones de investigación, mientras se sirve de escasos motivos para sí citar como imputado al secretario autonómico Emilio Argüeso pese al escrito en contra de la Fiscalía. Tanto es así que ha recibido un recurso de Liberum denunciando su incomprensible criterio con el que imputa "a unos sí y a otros no". 

Con tal embrollo, en la batalla judicial contaminada por la politización, otras rarezas del caso como la presencia del marido de la jueza en sesiones judiciales o el borrado en el acta del testimonio de la consellera imputada Salomé Prada se quedan en cuestiones menores.