Un recurso demoledor de las víctimas de la dana señala a Miguel Polo (CHJ) por su silencio letal

La Asociación de Damnificados DANA Horta Sud ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Valencia para que se amplíe la lista de investigados por la tragedia del 29 de octubre. En un recurso de apelación al que ha tenido acceso ESdiario, los representantes de 114 afectados recurren contra la decisión de la jueza de Instrucción, Nuria Ruiz Tobarra, que rechazó, por un lado, investigar a ningún cargo del Gobierno central y, por otro, fijó la barrera del organigrama de Emergencias de la Generalitat en el segundo escalón, imputado solo a la consellera Salomé Pradas y al secretario autonómico Emilio Argüeso.

Solicitan que se considere investigados a Alberto Javier Martín Moratilla, director general de Emergencias; Jorge Suárez Torres, subdirector de la AVSRE;  Inmaculada Piles Alepuz, jefa del Servicio de Emergencias; y Miguel Polo Cebellán presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El recurso señala que estos altos cargos "incumplieron gravemente sus deberes de garante" y que su pasividad contribuyó a un "resultado lesivo" para la ciudadanía.

El caso más detallado es el del presidente de la CHJ, Miguel Polo, a quien le acusan de "omisión" y le atribuyen responsabilidad en al menos una de las muertes originadas en un punto donde previsamente la CHJ dispone de sensores.

El recurso de la asociación de víctimas sostiene que "actuó de forma negligente" al limitarse al envío de correos electrónicos, pese a disponer de datos en tiempo real que reflejaban "una crecida alarmante del caudal del barranco del Poyo". A pesar de superar los umbrales críticos desde las 18:00 horas llegando a los 1.941,1 m³/s a las 19:20, "no se adoptó medida alguna para advertir del riesgo inminente". 

Y es que cabe recordar que Miguel Polo, pese a tener en sus manos datos en tiempo real que advertían de una crecida, optó por el silencio. Ni levantó el teléfono, ni comunicó en la reunión del CECOPI en la que formaba parte lo que su propio sistema SAIH estaba registrando minuto a minuto. Así lo denuncian las víctimas en el recurso: "no trasladó al CECOPI ni la existencia de los correos electrónicos enviados. Ni, mucho menos, el contenido de los mismos". Los denunciantes recalcan en el recurso cada una de sus funciones situándole como "responsable directo de la gestión". 

Las víctimas atribuyen de forma directa el fallecimiento a la falta de comunicación y de medidas preventivas por parte de la CHJ. Lamentan lo que consideran que una omisión no fue solo negligente, sino letal: "la rambla del Poyo dispone de un punto de control automático de caudales en el cruce de la rambla con la carretera A-3 a efectos de comprobación de datos -según recogió el propio informe de la CHJ aportado al juzgado- "Es, por tanto, desconcertante que, pese a disponer de esos datos, no se interrumpiera el tráfico a tiempo, con el resultado fatal de que uno de los familiares de los denunciantes a los que representa esta parte falleció en ese mismo punto". Ese punto de control en la A-3, equipado con sensores automáticos de caudal, mostró cifras durante la crecida del barranco del Poyo de hasta 1.941,1 m³/s a las 19h.

Respecto a Martín Moratilla, el texto denuncia que "permitió una pausa de más de dos horas en la reunión del CECOPI en el momento más crítico de la crecida del Barranco del Poyo, sin promover ninguna medida alternativa o urgente, ni alertar a los municipios afectados".

Sobre Jorge Suárez, subdirector de emergencias, el recurso subraya que "a pesar de tener la información, no puso en marcha los mecanismos de respuesta y socorro que le eran exigibles desde su cargo” y recuerda que “dio su visto bueno al mensaje Es-Alert" junto a la entonces consellera Pradas.

En cuanto a Inmaculada Piles, se le atribuye haber tenido "acceso a la información crítica" y, sin embargo, "no promovió ni ejecutó acción preventiva alguna efectiva". Además, se indica que "no informó del colapso del 112, pese a ser consciente de la avalancha de llamadas".