La venganza financiera de la ministra Montero ya castiga a la Comunidad Valenciana

La negativa del Gobierno de España a la entrega del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario es una condena financiera a la Comunidad Valenciana. Las cuentas de la administración autonómica están en números rojos y las víctimas colaterales de este boicot son las empresas proveedoras y sus trabajadores, pues la Generalitat Valenciana les debe ya 1.450 millones en facturas que llenan los cajones. "Si no cobramos ya 2 millones y medio de euros de lo que nos deben solo podemos aguantar un mes más", confiesa a ESdiario un grupo de empresas de sector servicios afectada.

El Gobierno ha optado por una estrategia de presión financiera contra la Comunidad Valenciana en uno de los momentos más críticos. Al mismo tiempo que recorta los traspasos desde arriba, ofrece a la delegación socialista valenciana del PSPV para atacar desde abajo denunciando la degradación de los servicios públicos no como fruto de su propia gestión. Si la Comunidad Valenciana ya era de las peores autonomías financiadas de España, castigada por el obsoleto sistema de financiación autonómica, esta semana se ha confirmado que por primera vez desde que existe el Ministerio no transferirá al territorio valenciano el FLA extraordinario que, en cambio, cada año sí transfirió al anterior gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-UP). La decisión arbitraria se produce sin una justificación sustanciada por el Ministerio, evidenciando aún más que la discriminación se halla en el color político que gobierna el Palau. A ello se suma que la Generalitat Valenciana hace frente a la millonaria factura de la dana a base de préstamos ante la ausencia de fondos directos como sí se inyectaron en la pandemia de la Covid o en otras catástrofes como la erupción del volcán de La Palma. Como ya han alertado distintos cargos del Consell, las facturas "las pagarán nuestros hijos y nietos". 

De este modo, la situación financiera de la Comunidad Valenciana es altamente crítica. La Generalitat asfixiada ya no tiene fondos para pagar a los proveedores. Las facturas se acumulan en los cajones, más de las que dejó el Botànic que no pagaba ni el Ibuprofeno. De los 1.450 millones de euros en facturas pendientes por pagar a proveedores , 930 millones corresponden a proveedores sanitarios, otros 95 millones de euros a proveedores de servicios sociales o los 60 millones de euros en Educación, entre otras. 

ESdiario ha podido contactar con uno de los grupos de empresas afectadas, que advierten de las consecuencias esto que supone y el temor a verse obligados a dejar de pagar a los trabajadores si no se revierte la situación. Estas compañías de capital valenciano pertenecientes al sector servicios cifran en más de "cinco millones de euros" la deuda pendiente: "Tenemos pendientes por cobrar alunas facturas de noviembre y diciembre de 2024. De 2025, aún tenemos pendiente una cantidad superior a los 400.000 euros de facturas por cobrar solo del mes de enero de 2025, de febrero más de un millón de euros por cobrar, de marzo otro millón y pico. Y todo el mes de abril no hemos cobrado aún tampoco". 

La estocada es doble, pues Hacienda no perdona y el Ministerio de María Jesús Montero les obliga a pasar por caja para tributar por beneficios no obtenidos. "Lo peor es que por unas facturas que no hemos cobrado la Agencia Tributaria del Minsiterio de Hacienda nos obliga todos los meses a liquidar el IVA de esas facturas que nos adeudan. Estamos pagando impuestos que no  nos corresponden", ha lamentado la empresa consultada calificándolo de "injusticia".

La ausencia del FLA repercute en los trabajadores. El citado grupo de empresas tiene contratadas a más de mil personas. "Los trabajadores no entienden los retrasos de la administración ni otra cosa que no sea cobrar por lo que ha trabajado" Y sin tener liquidez por los impagos, la corporación empresarial hace frente al pago de las nóminas e impuestos a través de líneas de créditos asumiendo de sus bolsillos los intereses que conllevan. Con 2 millones 200 mil euros financiados por una entidad bancaria advierten: "llega un momento en el que no cabe ni media factura más". Ese momento es inminente. "Si no cobramos ya esos dos millones y medio solo podemos aguantar este y un mes más". De lo contrario, lamenta que "se producirán impagos a los trabajadores y a la Agencia Tributaria porque obviamente no vamos a pagar unos impuestos por los que no hemos cobrado". "No se puede poner en juego empresas viables por el capricho de alguien", denuncian señalando a la ministra Montero. 

Desde el Consell de la Generalitat Valenciana vienen denunciando esta deriva desde hace meses, pero se topan con un muro de hormigón y cartas sin responder por parte del Gobierno central. En la próxima conferencia de presidentes el jefe del Consell, Carlos Mazón, volverá a exigir el FLA, pese a que Pedro Sánchez ha impuesto un orden del día ajeno a las necesidades de las autonomías en el que evita el tema de la financiación. Todo ello choca con las negociaciones bilaterales con Cataluña de las que obtiene un trato preferente como la obtención de fondos extraordinarios, la condonación de la deuda o el traspaso de competencias.