Toda la oposición de Alboraya tumba las cuentas y el balance de gestión del año 2024 de EGUSA

La Junta General de la empresa pública EGUSA, celebrada el pasado jueves día 26 de junio, ha finalizado con un rechazo unánime de toda la oposición —Partido Popular, Vox, Alboraya Actúa e Izquierda Unida— a las cuentas generales y al balance de gestión de la sociedad municipal. Los cuatro grupos han votado en contra, argumentando una falta de transparencia y una gestión deficiente por parte del equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís.

Desde la formación popular se cuestiona el acuerdo adoptado por el gobierno local para cerrar el expediente de la U2, al considerar que supone un perjuicio económico injustificable para el municipio.

Según explicó el portavoz del PP, Modesto Martínez, “el acuerdo firmado por el equipo de gobierno es mucho más lesivo que el aprobado en 2019, con una diferencia de casi 3 millones de euros. Un acuerdo, el de 2019, que el equipo de gobierno socialista fue incapaz de llevar a cabo e hizo caso omiso a las recomendaciones de los técnicos municipales”.

Para los populares, “la dejadez del gobierno socialista ha sido un lastre para esta actuación”, han expresado. Debemos recordar que sobre los terrenos de Port Saplaya existía una acción inmobiliaria por la cual se dio por parte de la empresa concesionaria un adelanto de beneficios de 23 millones de euros que, tras la llegada del gobierno cuatripartito en 2011 y la paralización del PGOU y no dar respuesta a la empresa se han convertido en 35 millones de euros de deuda. 

Una segregación saltándose el pleno municipal

La decisión del equipo de gobierno de PSOE y Compromis de evitar el pleno, además de ser una acción realizada porque no tenían los apoyos suficiente para sacarlo adelante ante la lesividad del acuerdo para el patrimonio municipal, ha sido cuestionada por el departamento técnico del consistorio.

A esta cifra se suman más de 170.000 euros en pérdidas derivadas de la tramitación de la segregación, que se llevó a cabo en contra del criterio de los técnicos municipales, quienes señalaban que debía realizarse de igual modo que en el año 2019.

En concreto, los populares denunciaron la pérdida de 38.000 euros correspondientes a la solicitud de licencia, además de 150.000 euros no cobrados por excesos de ocupación registrados en 2024 a los ocupantes de la zona comercial.

Por otro lado, desde la bancada popular, han lamentado que “hayan sido incapaces de contestar a la situación actual de los terrenos y que, sin embargo, sí que haya reflejado la deuda como saldada. Cuando saben que es falso”

Desde el PP lamentan la falta de diligencia de PSOE y Compromís en todo el proceso, que ha concluido con un acuerdo claramente desfavorable para Alboraya. La votación del pasado jueves, con el rechazo unánime de toda la oposición, refuerza la preocupación compartida sobre la deficiente gestión económica del gobierno municipal y la falta de rumbo en decisiones importantes para la economía del municipio.