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Catalá pone fin al "caos" heredado de los apartamentos turísticos multiplicando por 500 las inspecciones
El Ayuntamiento refuerza la vigilancia y ya ha dictado más de 1.000 órdenes de cese de actividad, tras años de permisividad de los anteriores gobiernos de izquierdas, que incluso autorizaron apartamentos turísticos en bajos residenciales.

Un piso turístico en Valencia, a 28 de mayo de 2024.
El Ayuntamiento de Valencia ha multiplicado por seis las inspecciones a apartamentos turísticos ilegales en apenas dos años. Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, durante el Pleno municipal, la cifra de controles ha crecido un 556% respecto a los años de gobierno de Compromís y PSOE, que dejaron una ciudad desbordada por la proliferación de pisos turísticos sin licencia.
“Con la alcaldesa María José Catalá hemos pasado de la permisividad a la acción. Hoy Valencia inspecciona, sanciona y recupera el control sobre su modelo urbano”, ha afirmado Giner. El edil ha detallado que, gracias a la coordinación entre Urbanismo y la Policía Local, el Ayuntamiento ha dictado más de 1.000 órdenes de cese de actividad contra apartamentos turísticos ilegales, muchos de ellos situados en bajos residenciales donde el anterior gobierno, de PSPV y Compromís, permitió este uso en 2018.
Además, la actual corporación impulsó una moratoria en la concesión de licencias de viviendas turísticas en todos los distritos de la ciudad, “hasta aprobar una nueva normativa reguladora, que será la más restrictiva de España”, según Giner.
Nuevo modelo que pone fin a las "barras libres"
El Pleno ha aprobado una moción alternativa presentada por el Gobierno municipal para continuar reforzando las inspecciones y dar respuesta a las denuncias vecinales, especialmente en los barrios más saturados.
“Mientras PSOE y Compromís aprobaron una modificación del Plan General que abría la puerta a los apartamentos turísticos en bajos, el gobierno de Catalá trabaja para devolver esos espacios al comercio de proximidad y al equilibrio urbano”, ha subrayado Giner.
El acuerdo también contempla seguir trasladando las resoluciones de cese a la Agencia Tributaria y al Servicio del Procedimiento Sancionador y la Policía Local, “para garantizar su eficacia”.
Desde el equipo de gobierno insisten en que la “Valencia de las barras libres del turismo ilegal” ha terminado, y que el nuevo modelo busca compatibilizar la actividad turística con el descanso vecinal, la legalidad y la recuperación económica de los barrios.
“Con la izquierda se legislaba al dictado de intereses particulares; ahora se actúa con rigor y visión de ciudad”, han sentenciado fuentes del gobierno municipal.