Lo barato sale caro: Riba-roja fulmina en solo un mes la contrata 'low-cost' de limpieza tras el hartazgo vecinal

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado un paso poco habitual en la gestión municipal al iniciar la rescisión del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, poda y voluminosos apenas un mes después de su entrada en vigor, tras constatar un incumplimiento reiterado del servicio que ha generado un creciente malestar entre los vecinos.

La decisión fue aprobada el pasado martes en pleno extraordinario, con los votos favorables de PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podem, mientras que PP y Vox optaron por la abstención. El contrato había sido adjudicado a la empresa Garbialdi S.A. por un periodo de 14 años, convirtiéndose en una de las contratas más relevantes del consistorio tanto por su duración como por su impacto directo en el día a día de la ciudadanía. Tras la celebración del pleno, la empresa adjudicataria dispone de un período de 10 días para alegar lo que considere oportuno tras esta repentina decisión. 

No es un contrato menor. La recogida de residuos y limpieza viaria suele ser uno de los servicios más complejos y costosos que licita un ayuntamiento: requiere largos procesos administrativos, informes técnicos, control de medios humanos y materiales y una planificación exhaustiva. Por eso resulta especialmente llamativo que, en el caso de Riba-roja, el servicio haya acabado en el punto de mira en menos de treinta días desde su puesta en marcha.

Los informes técnicos y jurídicos municipales, elaborados con el apoyo de una consultora especializada, concluyen que desde el inicio del contrato el servicio ha sido claramente insuficiente. Entre las deficiencias detectadas figuran rutas incompletas, contenedores desbordados, falta de limpieza en vertederos incontrolados y una recogida irregular de enseres y voluminosos, además de la ausencia de parte de los medios personales y materiales comprometidos en el pliego.

Como consecuencia, el pleno ha ratificado una penalización económica de 143.539 euros, equivalente al 1% del contrato, por una infracción considerada grave. La empresa dispone ahora de plazos legales para presentar alegaciones, aunque el órgano de contratación considera que existen argumentos suficientes para justificar la resolución contractual. 

Presumían del ahorro

El pasado mes de septiembre, el consistorio tomaba la decisión de que la empresa vasca Garibaldi se hiciera con esta contrata de limpieza por un importe de 17,3 millones de euros imponiéndose a otras empresas como FCC ―que ahora se ha llevado el contrato de emergencia―, SAV o Urbaser. Por aquel entonces, el equipo de gobierno se vanagloriaba de que la elección de Garibaldi había supuesto un ahorro de de hasta 731.000 euros, sin embargo, en apenas un mes desde que se ha puesto en marcha el servicio, han comprobado de primera mano que este ahorro les ha traído un problema aún mayor. 

El contrato ahora rescindido incorporaba, sobre el papel, un amplio paquete de mejoras valoradas como ventajas en la adjudicación, entre ellas una compensación en maquinaria cercana a los 60.000 euros, la incorporación laboral de tres personas mayores de 45 años y una bolsa anual de 25.000 euros para servicios extraordinarios. También contemplaba un refuerzo del parque móvil con vehículos híbridos y eléctricos, el aumento de la reposición de contenedores y una recogida de residuos diaria, de hasta siete días a la semana, junto a la sustitución de los 450 contenedores existentes por otros de mayor capacidad y un calendario más intensivo de limpieza de las zonas de contenedores, especialmente durante los meses de verano.

El consistorio también ha rechazado la posibilidad de que la empresa continuara el servicio mediante una operación de absorción por otra mercantil, al apreciar un posible riesgo de elusión de responsabilidades, una decisión que refuerza la voluntad municipal de cerrar el episodio sin atajos legales.

Ante la gravedad de la situación y el impacto directo en la imagen del municipio, el Ayuntamiento ha activado un contrato de emergencia con la empresa FCC, segunda mejor puntuada en el proceso de adjudicación, que ya está prestando apoyo desde el pasado 4 de enero para paliar las deficiencias y recuperar la normalidad en la recogida de basuras. Mientras tanto, Garbialdi deberá seguir prestando el servicio hasta que se formalice una nueva adjudicación.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha defendido la transparencia del procedimiento seguido y ha lamentado el perjuicio causado a los vecinos, asegurando que el Ayuntamiento actuará con “toda la contundencia legal” para proteger los intereses públicos y reclamar posibles daños y perjuicios. También ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores afectados, subrayando que el consistorio está pendiente de su situación laboral.

Ahora, el reto del Ayuntamiento pasa por cerrar la liquidación económica del contrato, evitar un escenario de judicialización y restablecer de forma definitiva un servicio esencial que, en Riba-roja, se ha convertido en ejemplo de cómo una contrata clave puede saltar por los aires en tiempo récord.