Pisos turísticos
Compromís carga contra los pisos turísticos en Valencia… y acaba alquilando uno para montar el circo
La formación escenifica su protesta desde el interior de un apartamento turístico que hoy cuenta con licencia en vigor, mientras cuestiona los cierres anunciados por el Ayuntamiento.
Compromís en el apartamento turístico de la calle Beato Juan Grande.
Lo que Compromís presentó como una prueba de las “mentiras” del gobierno municipal ha terminado convirtiéndose, según el Ayuntamiento, en el mejor ejemplo de la herencia que dejó la anterior etapa.
La formación valencianista organizó un acto desde un bajo turístico en la calle Beato Juan Grande, en la Malva-rosa, invitando a periodistas y contando con la participación de la asociación vecinal del Cabanyal. El objetivo era cuestionar el anuncio del Ejecutivo de María José Catalá sobre el cierre de más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en apenas año y medio.
El inmueble elegido no era casual. En mayo de 2024 recibió una resolución de Alcaldía que ordenaba la suspensión inmediata de la actividad por uso sin licencia publicitado en plataformas, tras informe de la Policía Local. Compromís utilizó ese antecedente para sostener que el apartamento seguía funcionando pese a estar teóricamente clausurado.
Sin embargo, desde el gobierno municipal explican que la situación administrativa del bajo fue posteriormente regularizada y que actualmente dispone de licencia en vigor. De hecho, existía una denuncia vecinal sobre ese inmueble y, según fuentes municipales, esa misma mañana se comunicó oficialmente a la asociación que el apartamento es legal.
Es aquí donde el Ejecutivo local sitúa el núcleo de la polémica: cuando Compromís organizó su acto con presencia de medios, ya conocía que el inmueble estaba en regla. “Han instigado contra un apartamento legal”, señalan desde el Ayuntamiento, que califican la acción de “performance” y de intento de sembrar sospechas sobre la política municipal.
El gobierno de Catalá mantiene que en este mandato ha reforzado de forma notable la inspección, con cinco grupos específicos de Obras y Licencias de Urbanismo y siete equipos de Policía Local dedicados a rastrear la actividad irregular en toda la ciudad. Según el Ejecutivo, frente a la “parálisis” de los ocho años anteriores, ahora existe una estrategia activa de control y ordenación del sector.
En el caso concreto del apartamento de Beato Juan Grande, recuerdan además que la solicitud de licencia se remonta a 2022, cuando gobernaba Compromís, por lo que no está afectado por la moratoria actual. “Ellos mismos han puesto como ejemplo un caso nacido bajo su gobierno”, apuntan fuentes municipales.
Compromís había solicitado el listado de inmuebles clausurados y, tras la intervención del Síndic de Greuges, recibió un documento con alrededor de 800 referencias. La formación sostiene que muchos siguen activos. El Ayuntamiento responde que los expedientes administrativos evolucionan y que la cifra global anunciada incluye procedimientos en distintas fases.
Para el Ejecutivo local, lo ocurrido no debilita su discurso, sino que lo refuerza. Consideran que la oposición ha optado por la escenificación mediática en lugar de reconocer que parte del problema se generó durante su etapa de gobierno.
“Es vergonzoso que monten numeritos con situaciones que ellos crearon porque siguen con su estrategia de mentir y manipular”, concluyen desde el gobierno municipal, que insiste en que su prioridad es equilibrar actividad turística y convivencia vecinal con inspección real, seguridad jurídica y control efectivo.