Catalá afirma que las autorizaciones para celebrar festivales y conciertos en la Ciutat de Les Arts las concede la Generalitat

La alcaldesa de Valencia de María José Catalá ha reaccionado con contundencia a la sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a actuar frente al ruido en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias generado por la celebración, en este enclave, de festivales de música, conciertos y otro tipo de celebraciones y/o eventos en las discotecas al aire libre de la zona. “No vamos a dejar que esto siga pasando”, ha asegurado, dejando claro que el consistorio priorizará el derecho al descanso de los vecinos. Sin embargo, la primera edil, pese a tener en cuenta el fallo, lanza la pelota al tejado de la Generalitat asegurando que es la administración autonómica, a través del CACSA la que contrata estos eventos y les autoriza para que se celebren en este ubicación. 

El fallo, dictado por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia, estima la demanda de residentes afectados por el ruido de conciertos y locales de ocio, y obliga al consistorio a adoptar medidas que podrían incluir desde la reubicación de eventos hasta la retirada de autorizaciones. Además, contempla indemnizaciones de 3.000 euros por daños morales para cada uno de los demandantes.

Catalá ha explicado que los servicios jurídicos municipales están analizando en profundidad la resolución antes de decidir los próximos pasos. Aunque no ha confirmado si el Ayuntamiento recurrirá, ha insistido en que cualquier decisión se tomará siguiendo criterios técnicos.

Eso sí, ha introducido un matiz clave: el consistorio no es quien concede las autorizaciones de los eventos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esa competencia corresponde a la empresa pública CACSA, dependiente de la Generalitat Valenciana, lo que complica la ejecución directa de algunas de las medidas que plantea el juez.

La resolución judicial, fechada el 24 de marzo, concluye que el Ayuntamiento de Valencia ha vulnerado derechos fundamentales de los vecinos al no actuar de forma eficaz frente a los niveles de ruido generados por actividades en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El fallo incide en que la exposición continuada a sonidos intensos constituye por sí misma un daño moral, al afectar al descanso, generar malestar y deteriorar la calidad de vida, incluso sin necesidad de acreditar daños psicológicos concretos. Además, recuerda que el consistorio mantiene competencias claras en materia de inspección, control y sanción del ruido, independientemente de quién autorice los eventos.

Diálogo con la Generalitat y posibles cambios en los eventos

Ante este escenario, la alcaldesa ha avanzado que se abrirá una vía de diálogo con la Generalitat y con la propia CACSA para buscar soluciones. Entre ellas, no se descarta replantear ubicaciones de festivales o introducir cambios en la programación para reducir el impacto acústico.

Catalá ha insistido en que el Ayuntamiento sí tiene competencias en materia de contaminación acústica, por lo que actuará para garantizar que se cumpla la normativa y se protejan los derechos de los vecinos.

La alcaldesa ha sido especialmente tajante al subrayar que el derecho al descanso prevalece sobre cualquier otra consideración, incluso ante la falta de espacios alternativos para grandes eventos en la ciudad.

“Los derechos fundamentales de los vecinos están por encima”, ha reiterado, dejando entrever que el modelo actual de grandes conciertos en este enclave podría cambiar.

Un conflicto abierto en uno de los epicentros culturales de Valencia

La decisión judicial abre un nuevo frente en la gestión del ocio y los grandes eventos en València, especialmente en uno de sus enclaves más emblemáticos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Mientras tanto, desde CACSA también han confirmado que sus servicios jurídicos están revisando la sentencia antes de pronunciarse, lo que anticipa un proceso aún abierto en el que podrían producirse cambios relevantes en la programación de eventos en la ciudad.

El origen del conflicto se remonta a una reclamación vecinal de 2022, respaldada por informes técnicos que detectaron niveles acústicos de hasta 80 decibelios en viviendas próximas, muy por encima de los límites legales. Los residentes denunciaron molestias reiteradas durante conciertos, festivales y la actividad de la discoteca del Umbracle, especialmente en horario nocturno. El magistrado también pone el foco en la escasa actuación municipal, señalando que los controles realizados han sido insuficientes y poco efectivos, sin mediciones directas en el interior de las viviendas afectadas. Esta falta de actuación, concluye la sentencia, ha dejado desprotegidos a los vecinos frente a una contaminación acústica persistente.