Catalá pone fin a la barra libre de los pisos turísticos y coloca a Valencia como pionera en limitarlos

Valencia ha dado un paso clave en su modelo de ciudad. El Pleno municipal ha aprobado definitivamente la nueva normativa sobre apartamentos turísticos, una regulación que, según la alcaldesa María José Catalá, convierte a la capital del Turia en la primera ciudad que pone tope y ordena sus plazas turísticas.

La nueva ordenanza, respaldada por los votos del equipo de gobierno de PP y Vox, busca frenar el crecimiento de este tipo de alojamientos y garantizar que la vivienda siga siendo principalmente para los vecinos. El 98% de las viviendas estarán destinadas a uso residencial, ha subrayado Catalá, que enmarca esta medida dentro de una estrategia más amplia para cambiar el modelo turístico de la ciudad.

Uno de los puntos clave de la normativa es el límite del 2%. Las viviendas y apartamentos turísticos no podrán superar ese porcentaje del total en cada barrio o distrito. Además, se establecen condiciones más estrictas para su implantación, como la obligación de ubicarse en bajos o primeras plantas de edificios de uso mixto y contar con acceso independiente desde la calle.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha defendido la norma como clara, rigurosa y valiente, asegurando que marca un antes y un después en el modelo de ciudad. Según ha explicado, Valencia contará con una de las regulaciones más restrictivas de España en esta materia.

La normativa introduce además tres claves que deberán cumplirse de forma simultánea. En primer lugar, el total de plazas turísticas, incluyendo hoteles y apartamentos, no podrá superar el 8% de la población empadronada en cada zona. En segundo lugar, se fija el límite del 2% de viviendas turísticas. Y, en tercer lugar, solo se permitirá un máximo del 15% de estos alojamientos en plantas bajas por manzana.

Asimismo, el texto contempla que no se podrán crear nuevas plazas turísticas en aquellos barrios que ya hayan alcanzado el nivel máximo de saturación, lo que supone un freno automático al crecimiento en las zonas más tensionadas.

Desde el gobierno municipal defienden que esta normativa pone fin a la barra libre del anterior modelo. Catalá ha recordado que el anterior ejecutivo permitía que hasta el 50% de las viviendas pudieran destinarse a uso turístico, mientras que ahora se apuesta por una ciudad residencial, con barrios vivos y comercio de proximidad.

Sin embargo, la regulación no ha estado exenta de críticas. Tanto los grupos de la oposición como la Federación de Asociaciones Vecinales han votado en contra al considerar que la normativa presenta vacíos y excepciones y no aborda de forma efectiva el problema de los apartamentos ilegales, que cifran en miles en la ciudad.

Pese a ello, el Ayuntamiento defiende que la nueva ordenanza supone un cambio hacia un modelo sostenible, equilibrado y claro, en el que el vecino vuelve a situarse en el centro de la política urbana.