Catalá se defiende tras la investigación de Anticorrupción y señala el "esperpento" de Compromís: “Ellos pedían lo que ahora denuncian”

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha salido al paso de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción contra ella, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao y otras concejales del gobierno municipal por el proceso de "recolocación" de los trabajadores del Consorcio Valencia 2007. La primera edil ha defendido la actuación del consistorio en el proceso de incorporación de este personal y ha cargado contra la oposición por denunciar lo que ellos, en su día, pidieron en un pleno ya que, Catalá, ha desempolvado una moción, presentada por Compromís y apoyada por el PSPV de un pleno de 2024 en la que se pedía la reasignación de los 11 trabajadores afectados por el ERE del Consorcio pese al informe desfavorable de la Secretaría Municipal.

La alcaldesa ha querido quitarle hierro al asunto y ha enmarcado la apertura de diligencias como un trámite habitual tras cualquier denuncia y ha negado de forma tajante que exista irregularidad alguna en la actuación municipal. “Es un procedimiento normal que la Fiscalía investigue cuando recibe una denuncia, esté o no fundamentada”, ha explicado.

Según ha detallado la alcaldesa, el foco de la denuncia se limita a un solo caso dentro del ámbito municipal: el de una trabajadora que, tras formar parte del Consorcio Valencia 2007 como empleada pública, accedió a una plaza en la Fundación Visit València. Catalá ha subrayado que dicho acceso se produjo mediante un proceso de concurso-oposición “totalmente transparente”, en una plaza que, además, ya había sido creada por el anterior equipo de gobierno.

“No estamos hablando de recolocaciones masivas ni de adjudicaciones a dedo. Se trata de una persona que se presentó a un proceso selectivo con todas las garantías legales”, ha insistido.

La polémica tiene su origen en la desaparición del Consorcio Valencia 2007, una entidad participada por el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento, encargada de la gestión de La Marina. Durante su proceso de liquidación, iniciado tras un acuerdo de 2022, los trabajadores quedaron abocados a un expediente de regulación de empleo (ERE), lo que generó preocupación institucional sobre su futuro laboral.

Un informe de la Abogacía del Estado, emitido en enero de 2024, concluyó que la disolución del consorcio implicaba la extinción de los contratos mediante despido colectivo, descartando su integración automática en otras administraciones: 

"Como todos ustedes saben, en el Real Decreto 1483-2012, el 30 de octubre se aprobó el reglamento de los procedimientos de despido colectivo de los seres y se contempla como prioridades de estos procedimientos la recolocación interna de los trabajadores en la misma empresa o en el grupo de empresas de las que forman parte. En el caso de la Administración Pública, estas pueden ser compatibles mediante los principios que requieren el acceso al ente público. En el caso del Ayuntamiento, la Secretaría Municipal siempre se mostró en contra de cualquier subrogación, que era lo que pedía Compromís, en la medida de que estos trabajadores no eran integrantes de una entidad ascrita al mismo, sino de la Administración General de Vista", ha explicado Catalá.

Catalá carga contra Compromís: “Es contradictorio”

Ante esta situación, la alcaldesa ha recordado que el PSPV y Compromís defendieron en un pleno municipal de septiembre de 2024 la posibilidad de recolocar a los trabajadores del consorcio en la administración pública, incluso mediante iniciativas formales.

En dicha moción, la izquierda "urgencia" de llevar a cabo un plan de recolocación de los 11 empleados públicos afectados al considerar "justo" que, al ser privados de cualquier posibilidad de estabilización a consecuencia del proceso de disolución, sean resignados en al Ayuntamiento o "cualquier empresa, fundación o organismo dependiente del Ayuntamiento con las mismas categorias", sin pasar por un proceso de selección y el secretario del Ayuntamiento informó en contra porque no se podía hacer una reasignación directa. “Resulta llamativo que quienes pedían la reasignación de estos trabajadores ahora denuncien precisamente eso”, ha señalado la alcaldesa, calificando la situación de “contradictoria”.

El Ayuntamiento colaborará con la Fiscalía

Catalá ha asegurado que el consistorio remitirá toda la documentación requerida por la Fiscalía, incluyendo expedientes, informes jurídicos y procesos selectivos y la moción de Compromís. Además, ha destacado que no existe ninguna reclamación ni recurso contra el proceso cuestionado, lo que, a su juicio, refuerza la legalidad de la actuación. “Vamos a facilitar toda la información porque no hay absolutamente nada que ocultar”, ha afirmado.

La alcaldesa también ha querido despejar dudas sobre posibles incorporaciones masivas de extrabajadores del consorcio en el sector público local.

En este sentido, ha precisado que no hay ningún extrabajador del Consorcio Valencia 2007 en la Fundación Deportiva Municipal y que solo una persona ha accedido a una plaza a la Fundación Visit Valencia, y lo ha hecho mediante un proceso reglado. "

Con todo, Catalá ha defendido que el Ayuntamiento ha actuado siempre conforme a la legalidad y bajo los principios de mérito, capacidad y transparencia, rechazando cualquier insinuación de trato de favor.