Catalá aboga por repartir los festivales en distintos puntos de la ciudad para que no los sufran siempre los "mismos vecinos"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha pronunciado sobre el incidente de ejecución de sentencia presentado por CACSA para que el juez que obligó al Ayuntamiento de Valencia a tomar medidas para proteger los derechos fundamentales de los vecinos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, afectados por el ruido procedente de discotecas y grandes eventos musicales, aclare hasta qué punto sería viable organizar eventos musicales en este espacio aplicando medidas correctoras que reduzcan el impacto sonoro. La primera edil, que siempre ha mirado por el bien de los residentes de la zona y que ayer aseguró que veía "muy difícil" que, en un futuro cercano, los festivales se celebraran en el centro de la ciudad, considera que, mientras la Generalitat fuerza para que los eventos ya programados no se tengan que reubicar, es necesario que este tipo de actividades de ocio, que sí tienen una gran incidencia en la contaminación acústica del lugar en el que se celebran, se "redistribuyan" en diferentes puntos de Valencia para que las consecuencias no las tengan que pagar siempre los mismos vecinos.

Sobre la decisión de CACSA, la alcaldesa ha subrayado que este movimiento busca despejar la principal incógnita: si cualquier festival es inviable o si existe margen para celebrarlos bajo condiciones estrictas. Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene una postura clara: la sentencia es ejecutiva desde este momento y debe cumplirse sin excepciones, incluso aunque haya recursos en marcha.

En este contexto, Catalá ha insistido en que, haya o no autorización judicial, el cumplimiento de la ordenanza de contaminación acústica será obligatorio en todos los casos. A la espera de la decisión judicial, la realidad es que el mapa de eventos en Valencia ya está cambiando. La alcaldesa ha confirmado que parte de la programación prevista en este entorno ya se ha reubicado, como algunas actividades vinculadas a los Gay Games o conciertos trasladados a zonas como la Marina.

Lejos de una cancelación total, el planteamiento del consistorio pasa por una redistribución de los eventos en la ciudad, evitando concentrarlos en un único punto y tratando de equilibrar el ocio con el derecho al descanso de los vecinos. 

Generalitat es la responsable de que se cumpla con la normativa

Otro de los puntos clave es quién debe vigilar el cumplimiento de los niveles acústicos. Catalá ha reiterado que, al tratarse de un recinto gestionado por la Generalitat Valenciana, las mediciones corresponden a la Policía Autonómica. El Ayuntamiento, por su parte, asume un papel de vigilancia activa tras la sentencia judicial: trasladará cualquier incidencia o denuncia y velará porque se respete la normativa vigente.

Sobre un posible escenario de incumplimiento durante un festival, la alcaldesa ha evitado concretar medidas inmediatas, remitiéndose a lo que establece la ordenanza en función de la gravedad de la infracción.

En cualquier caso, ha insistido en que el margen es limitado: si no se pueden garantizar niveles de ruido dentro de la legalidad, los eventos no podrán celebrarse en estas condiciones.

El conflicto en la Ciutat de les Arts i les Ciències refleja un debate más amplio sobre el modelo de ocio en grandes ciudades. Catalá ha defendido la necesidad de compatibilizar la actividad cultural con los derechos fundamentales de los residentes, especialmente el descanso.

Así, Valencia se encamina hacia un modelo en el que los grandes festivales podrían alejarse progresivamente del centro urbano o adaptarse con fuertes limitaciones, a la espera de lo que dictamine la justicia en los próximos días.