Valencia refuerza los servicios municipales ante el “colapso monumental” causado por Sánchez y su regularización de inmigrantes
La alcaldesa, María José Catalá, a vuelto a cargar contra el Ejecutivo central por abandonar a su suerte a los ayuntamientos tras haberles descargado, sin ningún tipo de aviso, refuerzo o información previa, este proceso burocrático que iba a atraer a miles de personas a los consistorios en busca de información.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá
El Ayuntamiento de Valencia se ve obligado a redoblar su respuesta tras la primera jornada de caos en la atención a inmigrantes por el proceso de regularización impulsado por el Gobierno de España. La alcaldesa, María José Catalá, ha anunciado un refuerzo extraordinario de los servicios municipales que superará el millón de euros anual, para evitar el "colapso absoluto" del consistorio al tiempo que ha advertido de que reclamará ese coste al Ejecutivo central. La primera edil, que se ha vuelto a mostrar muy dura con la actitud del Ejecutivo central a la hora de abordar este proceso, ha vuelto a denunciar que desde el Gobierno se abandone a su suerte a los ayuntamientos tras haberles descargado, sin ningún tipo de aviso, refuerzo o información previa, este trámite burocrático que iba a atraer a miles de personas a los consistorios en busca de información, provocando, como era de esperar, colas kilométricas en los alrededores de la sede consistorial.
Catalá considera que la situación actual es consecuencia directa de una falta de planificación estatal que ha terminado trasladando toda la presión a los ayuntamientos. La alcaldesa ha descrito un escenario de “colapso” generalizado, no solo en Valencia sino en el conjunto de municipios españoles, donde miles de personas están acudiendo a las oficinas locales con dudas, documentación incompleta y dificultades incluso para comunicarse. Esta situación obliga a una atención individualizada que ralentiza aún más los servicios: "es inadmisible que el Gobierno haya hecho este proceso sin contar con los ayuntamientos, cuando somos los que vamos a recibir las colas y a las personas con muchas dudas, dudas que ni el Gobierno nos ha resulto a nosotros, y con dificultades incluso de poder expresarse. Estamos con nuestro personal intentando comunicarnos con ellos, personas que vienen con maletas y con documentos que no son los que corresponden".
Uno de los aspectos que más preocupa al consistorio es la inseguridad jurídica que rodea al proceso. La alcaldesa ha señalado contradicciones en la aplicación del decreto, especialmente en torno al requisito de acreditar la vulnerabilidad. Mientras que el Real Decreto vincula la situación irregular con la vulnerabilidad, se pida a los ayuntamientos que emitan un certificado específicos para decretar dicha vulnerabilidad pese a que el propio Gobierno considera que cualquier persona que realiza ese proceso es automáticamente vulnerable porque está en situación irregular.
"Tuvimos una Cenal (Comisión Nacional de Administración Local) con representantes del Gobierno, como el ministro de Cooperación Territorial, y en ningún momento nos hablaron de esta circunstancia. Es impresentable que el viernes pasado, pasadas las 17:00h, la secretaría de Estado de Inmigraciones mandará una carta dirigida a todos los alcaldes españoles pidiendo ayuda cuando ya teníamos desde el jueves el problema generado. Los ayuntamientos estamos trabajando a ciegas, sin información clara y eso está perjudicando a nuestro funcionamiento ordinario"
Además, la primera edil ha alertado de la dificultad de los servicios sociales para verificar estas situaciones de vulnerabilidad, especialmente en casos de personas que nunca han tenido relación previa con la administración municipal. Esta falta de información y acceso a datos de otras administraciones está generando incertidumbre entre los profesionales, que deben tomar decisiones sin criterios homogéneos.
Ante este escenario, el Ayuntamiento de Valencia ha decidido reforzar tanto el área del padrón como los servicios sociales municipales con nuevas contrataciones de personal administrativo y trabajadores sociales. El objetivo es doble: atender la avalancha de solicitudes derivadas de la regularización y evitar que los ciudadanos habituales vean afectada la gestión de sus trámites cotidianos.
A diferencia de otras posibles soluciones, el consistorio ha optado por mantener la atención dentro de las dependencias municipales, con el fin de garantizar un servicio completo y con respaldo técnico y jurídico. No obstante, esta decisión está incrementando la presión sobre las oficinas y contribuyendo al colapso del sistema.
La factura que tendrá que pagar Sánchez
La alcaldesa también ha anunciado que el Ayuntamiento enviará una solicitud formal al Gobierno para aclarar aspectos clave del procedimiento, como la obligatoriedad del certificado de vulnerabilidad, los criterios para su emisión o la financiación de este esfuerzo extraordinario. Además, la primera edil también ha asegurado que, todo el coste extra generado por este proceso que tenga que asumir el Ayuntamiento, cifrándolo en aproximadamente un millón de euros, deberá ser asumido por el Gobierno: "Vamos a estudiar todas las vías para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez este importe. Porque si hay un principio de lealtad financiera para las autonomías también lo debe haber para los ayuntamientos y eso se debe de cumplir. Si por una norma suya sobrecargan el trabajo de los ayuntamientos, deben dotar los ayuntamientos los recursos necesarios, ¿no?"
En paralelo, Catalá ha elevado estas quejas a la Federación Española de Municipios y Provincias, advirtiendo de que la situación afecta a todo el país y no es un problema aislado de la capital valenciana.
El consistorio insiste en que seguirá colaborando en el proceso, pero reclama una respuesta urgente del Ejecutivo de Pedro Sánchez para evitar que el colapso se prolongue en los próximos días. Mientras tanto, la presión sobre los servicios municipales continúa en aumento en un proceso que apenas acaba de comenzar.