La filtración de un informe de Antifraude desata una nueva polémica en Valencia: Catalá acusa a Compromís de cruzar una línea legal

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha respondido con dureza a las acusaciones de Compromís sobre supuestas irregularidades en seis contratos municipales, negando cualquier irregularidad relevante y señalando directamente a la coalición por la filtración de un informe provisional de la Agencia Valenciana Antifraude. Catalá ha defendido que el documento difundido por la oposición no era definitivo y que su filtración podría suponer una infracción grave o muy grave según la normativa vigente. En este sentido, ha recordado que la ley de la Agencia Valenciana Antifraude prohíbe expresamente la difusión de informes en fase provisional, lo que podría conllevar sanciones económicas.

La alcaldesa ha subrayado que el informe definitivo ha llegado al Ayuntamiento “hace escasos minutos” y que será analizado junto a los servicios municipales antes de realizar una valoración completa. No obstante, ha querido lanzar un mensaje claro: el “alarmismo” generado en torno a determinados contratos, como los relacionados con servicios de saneamiento, “no responde a la realidad”. Según ha explicado, las adjudicaciones de mayor entidad no están siendo cuestionadas ni sometidas a revisión en los términos que se han trasladado públicamente. De hecho, ha insistido en que las mejoras recientes introducidas en los procedimientos municipales responden a un refuerzo de los mecanismos de control, lo que —a su juicio— evidencia que las medidas anteriores, impulsadas por el anterior gobierno, eran insuficientes. 

Los nacionalistas denuncian que Antifraude ha detectado "defectos graves" en la participación del concejal de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano (PP), en la mesa de contratación del consistorio, "con posibles conflictos de interés mal gestionados, abstenciones incorrectas e irregularidades en la constitución del órgano". Desde Compromís, su portavoz en el consistorio, Papi Robles, calificaba la situación de "muy grave" ya que, a su parecer, pondría en riesgo inversiones muy importantes para la ciudad y, en algún caso, podría hacer que se obligara al Ayuntamiento a devolver una serie de fondos europeos. 

Catalá también ha señalado que el informe provisional fue facilitado por ella misma a los grupos municipales en un ejercicio de transparencia, pero ha reprochado que se haya hecho un uso indebido del mismo. En su opinión, los grupos conocían perfectamente la obligación de confidencialidad, ya advertida por los servicios jurídicos municipales en años anteriores.

En este contexto, la alcaldesa ha evitado adelantar conclusiones definitivas hasta contar con un análisis técnico completo, aunque ha insistido en que no comparte la interpretación realizada por Compromís ni la gravedad de las insinuaciones vertidas sobre el concejal responsable de las adjudicaciones. La polémica se enmarca en la investigación abierta por Antifraude sobre varios contratos municipales, un asunto que ha elevado la tensión política en el Ayuntamiento de Valencia y que previsiblemente seguirá generando debate en los próximos días.