Diputaciones de toda España se rebelan contra el Gobierno de Sánchez en Valencia y exigen una "financiación justa" y una "autonomía real"

Veinticinco presidentes y presidentas de diputaciones provinciales, cabildos y consells insulars de toda España se reunieron este lunes en el Palau dels Scala de Valencia con un mensaje unánime y contundente: el sistema de financiación local está roto y los municipios españoles llevan décadas pagando las consecuencias. La Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulars, organizada con la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cerró su cumbre valenciana con una declaración política conjunta que convierte a Valencia en el epicentro de la batalla por la autonomía local.

El anfitrión, Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, dejó claro desde el principio que no se trataba de un encuentro de trámite. "No es una simple reunión técnica o un debate, sino una gran oportunidad para fijar una posición política ante un sistema de financiación local insuficiente", advirtió. Bajo su punto de vista, durante años se ha exigido a los ayuntamientos que asuman más responsabilidades, pero ni el sistema de financiación ha evolucionado al mismo ritmo ni el Gobierno central ha actualizado las transferencias que llegan a cada municipio.

Pueblos sin médico, alcaldes pidiendo créditos para pagar nóminas. Para ilustrar el problema que sufren las poblaciones españolas, el presidente de la corporación provincial, recurrió a situaciones concretas que se repiten por toda la geografía española: el pueblo que solo abre el centro de salud dos días a la semana, el ayuntamiento de 5.000 habitantes que gestiona la acogida de familias desplazadas con el mismo presupuesto de hace diez años, el municipio costero que en verano triplica su población sin recibir un euro más, los alcaldes que piden créditos para pagar nóminas renunciando a cualquier proyecto de futuro, o los pueblos que se quedan directamente sin escuela, sin farmacia, sin transporte y sin juventud.

"El sistema trata realidades profundamente distintas como si fueran idénticas", denunció el presidente valenciano, reivindicando además los siglos de historia del autogobierno local en la Comunitat. No en vano, Valencia alberga el Tribunal de las Aguas, considerado la institución de justicia más antigua de Europa, como recordó Mompó para anclar el debate en una tradición municipalista que va mucho más allá de la política partidista.

Una España que no se entiende sin sus municipios

El presidente de la Diputación de Málaga, José Francisco Salado, que ejerce como presidente de la comisión, lanzó un aviso directo tanto a las comunidades autónomas como al Gobierno central: "Estamos cansados de que se transfieran competencias sin que aparezca el respaldo económico para prestar esos servicios en condiciones". La queja no es nueva, pero el respaldo de 25 corporaciones provinciales le otorga un peso político difícil de ignorar.

En la misma dirección apuntó Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla y vicepresidente de la comisión, quien defendió el papel de las diputaciones como garantes de la cohesión territorial, especialmente en municipios de menos de 20.000 habitantes. "Si las diputaciones no existieran, habría que inventarlas. No se puede entender España sin el municipalismo", afirmó, reclamando que lo local ocupe su lugar en la arquitectura constitucional del Estado.

Declaración conjunta

La cumbre de Valencia cerró con una declaración política compartida que fija tres demandas concretas: la reforma real de la financiación local y la actualización urgente del sistema de participación en los ingresos del Estado; el reconocimiento del coste real de los servicios públicos en el territorio; y el refuerzo efectivo de la autonomía local. En la comisión participaron siete diputaciones de Castilla y León, cuatro manchegas, tres de Cataluña, las tres de la Comunitat Valenciana y tres de Andalucía, las dos corporaciones extremeñas, una de Galicia, una de Aragón y el Consell Insular de Ibiza.

Mompó cerró la jornada con una afirmación que funciona como resumen de todo lo debatido: "Evitamos que existan municipios de primera y de segunda y hacemos posible que un pueblo de 300 habitantes tenga los mismos derechos que una gran ciudad". Y añadió el que probablemente sea el mensaje más político de la jornada: "La igualdad entre la ciudadanía no se garantiza con discursos, sino con recursos".