Unos tuits racistas llevan a juicio a la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, Cecilia Herrero

La concejala de Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Valencia, Cecilia Herrero, de Vox, se sentará en el banquillo de los acusados por irse de la lengua en redes sociales. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado su procesamiento por delito de odio al rechazar el recurso de apelación interpuesto por su defensa, considerando que existen "indicios racionales de criminalidad suficientes" para llevar el caso a juicio oral.

Los mensajes que protagonizan la causa fueron publicados en la red social X entre 2020 y 2024, y su contenido no deja lugar a la ambigüedad. En uno de ellos, Herrero escribió: "Si vas a África debes vacunarte de mil cosas, pero estos llegan sin controles sanitarios ni cuarentena alguna y los alojan en hoteles a los que mañana irás tú y tu familia". En otro: "Tanta reconquista para terminar pagándoles la invasión a los moros". El juez de instrucción que abrió el procedimiento abreviado en junio del año pasado los describió como un "ataque al diferente —al moro, al negro, al africano, al inmigrante, al refugiado, a las ONG que les dan apoyo, al gay, al rival político— como expresión de una intolerancia incompatible con la convivencia".

Ante esta situación, la defensa de Herrero intentó frenar el procesamiento aludiendo varios argumentos. En un primer lugar, la escasa repercusión: los mensajes no habrían tenido suficiente impacto como para generar responsabilidad penal. La sala respondió que la tipicidad de este tipo de conductas "no depende necesariamente de un umbral cuantitativo de difusión o impacto social, sino de la propia naturaleza del contenido y del contexto en que se emite".

El segundo fue la eliminación de los tuits. La Audiencia fue tajante: borrar los mensajes "no elimina la eventual relevancia penal de la conducta en el momento de su publicación, ni priva de eficacia a los indicios ya recogidos durante la instrucción". El tercero, que los escribió antes de ser cargo público. Tampoco cuela: "La eventual condición pública o privada del sujeto activo no constituye elemento del tipo ni excluye la apreciación de indicios de criminalidad". Y el cuarto, el más recurrido en este tipo de casos: la libertad de expresión. La sala recordó que no es un derecho absoluto y que sus límites están precisamente en el respeto al honor, la dignidad y la no discriminación de terceros. En esta fase del proceso, apuntó, "basta con apreciar la existencia de indicios de que las expresiones vertidas pudieran exceder los límites constitucionalmente protegidos".

La Fiscalía pide hasta tres años de cárcel e inhabilitación

La sección de delitos de odio y contra la discriminación de la Fiscalía de Valencia no ha sido precisamente suave en sus peticiones. En su escrito, solicita tres años de prisión para Herrero por mensajes dirigidos a "propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión" hacia personas migrantes, hacia el colectivo LGTBI y hacia personas con discapacidad, empleando para ello "un lenguaje peyorativo y expresiones de burla". A esa pena se sumarían una multa de 7.200 euros y seis años de inhabilitación especial para cualquier actividad educativa, docente, deportiva o de tiempo libre.

Como petición alternativa, la Fiscalía rebaja la pena a un año y dos meses de prisión, con multa de 4.800 euros, cinco años de inhabilitación en el ámbito educativo y la pérdida del derecho de sufragio pasivo durante la condena. En ambos escenarios, considera que procede además la inhabilitación para empleo o cargo público.

Herrero sigue en su puesto como concejala del equipo de gobierno que forman PP y Vox en el Ayuntamiento de València mientras el caso avanza hacia el juicio oral. La Audiencia ha dejado claro que hay indicios suficientes para juzgarla. Ahora será un tribunal quien decida si esos tuits constituyen un delito.