Valencia se mete de lleno en la batalla contra la okupación y se suma a la Red MAO

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado la adhesión de la ciudad a la Red de Municipios Afectados por la Ocupación (Red MAO), una iniciativa impulsada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que pretende coordinar a los municipios ante los problemas relacionados con la ocupación de inmuebles. La incorporación de la capital valenciana ha provocado un intenso debate en el pleno municipal, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno de PP y Vox y los grupos de la oposición. El equipo de María José Catalá ha defendido que formar parte de esta red permitirá compartir información, asesoramiento y herramientas entre los distintos departamentos municipales implicados, mientras que PSPV y Compromís han cuestionado el enfoque de la iniciativa, y más en esta semana donde se están produciendo numerosas protestas por la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, y han vinculado su aprobación con el cierre de la antigua Oficina por el Derecho a la Vivienda.

La adhesión figuraba entre los asuntos tratados por el pleno ordinario de este martes y el expediente municipal contempla expresamente la incorporación de Valencia a la Red MAO-FVMP.

El concejal de Movilidad y Seguridad, Jesús Carbonell, ha defendido que la política municipal de vivienda debe atender las dos caras del problema: quienes necesitan acceder a una vivienda y quienes son propietarios y pueden decidir ponerla en alquiler. Carbonell ha argumentado que ofrecer seguridad jurídica a los propietarios puede favorecer que más viviendas lleguen al mercado del alquiler. En este sentido, ha defendido que los propietarios tienen derecho a esperar que las administraciones actúen para proteger sus derechos de propiedad.

La Red MAO, según ha explicado el edil, no se limita a la actuación policial. La iniciativa contempla la coordinación entre Policía, Servicios Sociales y Vivienda, tres áreas municipales que pueden intervenir en situaciones relacionadas con inmuebles ocupados.

Además, ha señalado que la red no tiene personalidad jurídica ni supondrá un gasto específico, y que entre sus funciones estarán recopilar información sobre las problemáticas detectadas, elaborar un mapa de las zonas con mayor incidencia y facilitar servicios de asesoramiento y asistencia.

La iniciativa cuenta actualmente con 45 municipios adheridos, según los datos manejados en el debate municipal. La red ha sido impulsada por la FVMP y su incorporación por parte de Valencia se ha producido después de que otros municipios valencianos hayan ido sumándose al proyecto.

Menos okupación

Durante el pleno, Carbonell también ha utilizado datos municipales para defender que la okupación constituye un problema que requiere respuesta. Según sus cifras, al comienzo de la legislatura se contabilizaban 60 viviendas ocupadas únicamente en el barrio de Orriols, mientras que durante el primer semestre de 2025 se registraron 82 casos en el conjunto de Valencia. El concejal ha atribuido la evolución a las actuaciones desarrolladas desde el Ayuntamiento, como la Oficina Antiocupación, puesta en marcha durante esta legislatura, y ha insistido en que la protección del propietario forma parte de la política de vivienda del Gobierno municipal.

Según datos municipales, esta oficina había abierto 59 expedientes durante su primer año, según un balance publicado en mayo de 2026. En ese mismo periodo la Policía Local recibió 1.134 demandas relacionadas con ocupación o inquiokupación, aunque no todas acabaron generando un expediente específico de la oficina.

Críticas de la oposición

La iniciativa, como era de esperar, a recibido numerosas críticas por parte de la oposición. El portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha criticado que el Ayuntamiento haya cerrado la antigua Oficina por el Derecho a la Vivienda y haya puesto el foco en la ocupación. Para el PSPV, el principal problema de Valencia es el acceso a una vivienda a precios asumibles y cuestionando que la ocupación ilegal tenga el peso que, a su juicio, le concede el Gobierno municipal.

En una línea similar, pero algo más crítico, ha estado el portavoz de Compromís, Ferran Puchades, afirmando que traer esta adhesión al pleno hoy era tener "la cara muy dura" y ha cuestionado las prioridades del Gobierno de Catalá en materia de vivienda. Puchades ha calificado la iniciativa de "fanatismo ideológico" y ha relacionado el debate con la situación generada alrededor de los desahucios y con el cierre de la Oficina por el Derecho a la Vivienda.

Compromís también ha puesto sobre la mesa la situación de algunos locales municipales y ha cuestionado la credibilidad del Gobierno local para defender la propiedad privada mientras uno de sus concejales, Juan Manuel Badenas, se encuentra investigado judicialmente por la entrada en la sede del Sindicat d'Estudiants del País Valencià.