Valencia plantea impedir el registro de pisos turísticos en edificios si los vecinos están en contra

El Ayuntamiento de Valencia quiere reforzar la capacidad de los vecinos para frenar la implantación de alojamientos turísticos en sus edificios. La junta de gobierno municipal ha aprobado una moción del concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, para solicitar a la Generalitat que impida inscribir en el registro autonómico cualquier tipo de alojamiento turístico cuando la comunidad de propietarios haya prohibido expresamente esa actividad.

La propuesta pretende que esta limitación se aplique con independencia de la modalidad de alojamiento. Es decir, la medida no afectaría únicamente a las viviendas de uso turístico (VUT), también lo haría con establecimientos hoteleros, conjuntos de apartamentos turísticos y albergues ubicados en edificios residenciales.

Para ello, el consistorio plantea que la Conselleria de Turismo exija a los solicitantes una declaración que acredite que ni el título constitutivo del inmueble, ni los estatutos de la comunidad ni los acuerdos adoptados posteriormente por los propietarios impiden destinar el edificio a ese uso.

Más poder para los vecinos

El concejal Juan Giner ha defendido que la iniciativa busca dar mayor capacidad de decisión a los residentes sobre las actividades que pueden desarrollarse en sus edificios. “Con esta moción buscamos que los vecinos tengan la última palabra para permitir estas actividades en sus edificios, con independencia de la tipología de alojamiento”, ha señalado. Además, ha insistido en que la prioridad del equipo de gobierno es “proteger el uso residencial de las viviendas” y permitir que sean los propios vecinos los que establezcan las condiciones de convivencia en su comunidad.

Esta moción complementa la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa a los usos terciarios de alojamiento turístico, aprobada en mayo después de dos años de moratoria en la concesión de licencias turísticas. Ahora, la iniciativa aprobada por la junta de gobierno supone una petición a la Generalitat para que incorpore estos requisitos al procedimiento de inscripción. Por tanto, su aplicación dependerá de los cambios que pueda adoptar la administración autonómica en el Registro de Turismo.