España necesita 3,5 millones de viviendas asequibles para no superar la tasa de esfuerzo del 30%

El parque de vivienda en España necesita 3,5 millones de viviendas a precios asequibles para no superar el 30% de la tasa de esfuerzo que la Ley por el Derecho a la Vivienda indica que no se debe superar para que las rentas de un hogar no vayan destinados totalmente al pago de una vivienda y a sus gastos.

Así se desprende del informe de 'Vivienda asequible en España' de Atlas Real Estate, donde se asegura que si se incrementara el parque de vivienda en este número, "se reduciría de manera drástica y prácticamente total el problema de la tasa de esfuerzo en España".

Por territorios, en el estudio se indica que Madrid es donde más son necesarias estas viviendas asequibles. Así, la capital precisa de 864.000 viviendas, seguida de Barcelona (716.000), Alicante (306.000) y Valencia (276.000).

Sin embargo, también destaca el caso de Granada, donde se necesitan 108.000 viviendas asequibles, debido a la menor renta de las familias que existe en esta provincia.

Este déficit se arrastra desde 2013 

En el estudio se justifica la necesidad de estas viviendas asequibles por el esfuerzo que las familias están haciendo para poder hacer frente a la renta neta del alquiler, con tasas de esfuerzo que se sitúan en torno al 35% de la renta neta por hogar, y para comprar una casa, con la necesidad de un ahorro de seis años de la renta neta acumulada para pagar una vivienda.

Esta situación de esfuerzo obedece a un déficit de producción de vivienda que alcanza las 299.314 unidades desde 2013 y a una rápida expansión demográfica que se acelerará en los próximos años, aumentando los problemas derivados de la insuficiente oferta si no se incrementa de manera significativa.

La menor oferta y el incremento de la demanda ha supuesto una caída del 20% de la oferta de vivienda disponible para la compra desde 2020, hasta los 675.000 inmuebles en la actualidad. En el mercado del alquiler la situación es similar, con una oferta estabilizada en 90.000 viviendas en España frente al pico de 150.000 unidades de 2020.

No se construye vivienda de protección oficial 

De igual manera, en el informe se pone el foco en la escasa construcción de vivienda de protección oficial (VPOs) de los últimos años, ya que supone apenas un 10% de su máximo en 1997, cuando se calificaron 85.028 viviendas de protección oficial en España (incluyendo planes estatales y también regionales).

Este modelo está siendo reemplazado por fórmulas de colaboración público-privada, aunque en volúmenes que todavía "no alcanzan" los necesarios para tener un "impacto significativo" en la sociedad.

"La falta de vivienda asequible ha generado un problema creciente para los hogares de rentas más bajas, dificultando su acceso a la vivienda en España. Esto incrementa los tiempos de emancipación, las tasas de esfuerzo económico y el ahorro necesario para adquirir una vivienda en propiedad", se refleja en el estudio.

La edad de compra de la primera vivienda se eleva a los 41 años 

Como consecuencia de la dificultad de acceso a la vivienda, la edad de emancipación en España ha alcanzado máximos históricos en la serie temporal, situándose en 30,4 años.

Paralelamente, la edad media para la compra de la primera vivienda se eleva a 41 años, reflejando el retraso acumulado en la transición hacia la independencia residencial.

Así, en el estudio se advierte de que los costes de construcción acumulan un aumento del 58,5% desde 2006, y han superado en un 30% el ritmo de crecimiento de los salarios y los alquileres en los últimos años, siendo en uno de los "principales factores" detrás del encarecimiento de la vivienda.

Más suelo y reducción de impuestos en construcción 

De igual manera, piden fomentar la colaboración público-privada para ceder suelos públicos con plazos más amplios para incentivar la inversión. Para ello, proponen seguir los modelos desarrollados en el Plan Vive o el Plan 2400. También la incorporación de viviendas asequibles mediante la rehabilitación de inmuebles infrautilizados.

Respecto a lo económico, abogan por una reducción de costes, con la simplificación de licencias y trámites administrativos para acortar plazos, incentivos fiscales, reducción de impuestos asociados a la construcción y una financiación accesible a través de la implantación de avales públicos y líneas de crédito preferenciales para promotores y compradores.