AIReF cifra en 1.000 millones al año el coste de las sentencias judiciales contra el Estado entre 2014 y 2023
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula que las sentencias judiciales desfavorables al Estado costaron 1.000 millones de euros anuales entre 2014 y 2023
Archivo - La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero.
En un análisis sobre riesgos fiscales publicado este jueves, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), dirigida por Cristina Herrero, ha calculado que las sentencias judiciales desfavorables para los intereses del Estado han generado un coste medio de mil millones de euros anuales entre 2014 y 2023.
Dicho análisis forma parte de la "Opinión sobre riesgos fiscales", un informe en el que la AIReF presenta un estudio detallado sobre los riesgos fiscales más relevantes para las finanzas públicas de España, en un contexto de creciente vulnerabilidad ante perturbaciones como crisis económicas, la pandemia de COVID-19, la crisis energética o los conflictos bélicos.
La AIReF ha subrayado que en España el análisis de los riesgos fiscales se lleva a cabo de manera "fragmentada e incompleta". Esto se debe a que, según el organismo, no existe una evaluación integral de los posibles impactos que pueden poner en peligro las finanzas públicas del país. La AIReF ha lanzado una serie de recomendaciones para mejorar este proceso y asegurar una mejor gestión de los riesgos fiscales. En su informe, el organismo señala que los riesgos más significativos incluyen los macroeconómicos, los medioambientales y los derivados de acciones legales contra el Estado.
Costes derivados de las sentencias judiciales
El informe resalta que, durante la última década, ha habido varias sentencias desfavorables que han afectado a aspectos tributarios como el Impuesto de Hidrocarburos y el Impuesto de Sociedades, además de otros litigios no tributarios, como la indemnización por el cierre del almacén de gas Castor y la financiación del bono social eléctrico.
El organismo ha identificado varios errores recurrentes que han contribuido a estos riesgos, como el "uso inadecuado" de instrumentos legales, particularmente el Real Decreto-ley, que ha resultado en varias sentencias de inconstitucionalidad. La AIReF también ha señalado que la "extralimitación normativa", que excede lo regulado por la ley, ha provocado fallos como los relacionados con el canon hidráulico y la retribución de Endesa por la energía.
Riesgos futuros y litigios pendientes
La AIReF también ha advertido que, además de los riesgos identificados entre 2014 y 2022, existen litigios pendientes que podrían tener un impacto negativo en las finanzas públicas en los próximos años. Algunos de estos casos incluyen la devolución del IRPF a mutualistas jubilados, con un coste estimado de 1.700 millones de euros, o el tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que podría costar 6.500 millones de euros. La AIReF también ha mencionado que existen otros litigios en marcha cuyo resultado aún no está determinado, y que podrían afectar al déficit de los próximos ejercicios.
Para abordar estos riesgos y prevenir futuros litigios, la AIReF ha propuesto al Ministerio de Hacienda y a otras autoridades competentes que refuercen la evaluación del impacto financiero y legal antes de introducir cambios legislativos significativos. Además, el organismo ha sugerido consultar con organismos internacionales y europeos para asegurar que las políticas fiscales sean más eficaces y menos propensas a generar conflictos legales.
Asimismo, la AIReF ha recomendado adoptar una estrategia judicial proactiva para mitigar los efectos de las sentencias desfavorables. Esto incluiría una actuación rápida para evitar la prolongación de los litigios y la acumulación de costes adicionales. Además, la AIReF ha propuesto la creación de una base de datos centralizada que recopile toda la información relacionada con los riesgos fiscales y las sentencias judiciales, lo que mejoraría la transparencia y facilitaría la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes.