El PP combatirá la hiperregulación, el intervencionismo y el infierno fiscal impuesto por Sánchez

El Partido Popular defenderá en la XXVII Interparlamentaria profundizar en las políticas que han desarrollado las administraciones gobernadas por el PP para hacer de contrapeso a la hiperregulación, el intervencionismo y el infierno fiscal impuesto por Sánchez.

El PP considera que desburocratizar y simplificar la carga administrativa es fundamental para dinamizar la economía y equivale a bajar impuestos, y defiende salir del intervencionismo paralizante para crecer.

Por este motivo, la XXVII Interparlamentaria determinará que el PP presente iniciativas parlamentarias a nivel nacional, autonómico y municipal para aprobar las medidas de reducción burocrática acordadas y defender las ya aprobadas por las diferentes administraciones gobernadas por el PP, al igual que las ya se han presentado en diferentes instancias contra el infierno fiscal del PSOE.

De esta manera, el PP se compromete a eliminar tres normas por cada una que se apruebe, a aprobar un decreto anual de simplificación para agilizar trámites y procesos, adoptar el silencio positivo y promover las declaraciones responsables para facilitar el inicio de las actividades empresariales en todos aquellos gobiernos que todavía no lo hayan establecido.

El PP defenderá de manera decidida su apuesta por crear oficinas aceleradoras de proyectos estratégicos de inversión donde no se hayan iniciado todavía y a establecer un sistema de unidad de mercado que incluya el reconocimiento mutuo de permisos y certificaciones entre administraciones.

Estas acciones vienen determinadas porque el PP considera que uno de los mayores problemas que tiene la economía española es el exceso de burocracia porque frena la inversión, aumenta los costes y merma la confianza. 

Los costes de la hiperregulación y el exceso de burocracia afectan a un 36% de una economía en la que el lastre normativo afecta a casi 2 millones de empresas y a 10 millones de trabajadores. 

En 1978 se aprobaban unas 3.000 normas al año hoy se adoptan 12.000.

En esta Interparlamentaria, el PP se comprometerá con una fiscalidad competitiva que permita generar riqueza y mantener servicios públicos de calidad. 

Reivindicará la deflactación del IRPF a fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles a causa de la inflación y el mantenimiento y refuerzo de los regímenes fiscales especiales que garanticen la igualdad de oportunidades en territorios con condiciones específicas como Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla.

Por otro lado, el PP defenderá las iniciativas que en política fiscal ha defendido en el Parlamento nacional para dar la batalla contra el infierno fiscal del Gobierno del PSOE, que desde 2018 acumula 96 subidas de impuestos y cotizaciones sociales, con un déficit que de 92.000 millones de euros y un incremento desorbitado de la deuda que alcanza los 1,6 billones de euros.

Así, el PP ha defendido recuperar la rebaja del IVA de los alimentos básicos al 2% hasta el 31 de diciembre de 2025, reducir el IVA de la electricidad y el gas, tipo cero del impuesto de producción eléctrica mientras no haya déficit de tarifa y la modificación de las retenciones para garantizar que quienes cobran el SMI no tengan que tributar por este impuesto

En materia de empleo, el partido de Feijóo quiere también aliviar la pesada carga que la política del PSOE ha impuesto a los autónomos, y para ello establecerá medidas para facilitar el relevo generacional en negocios, reducirá el número de declaraciones de impuestos (IRPF, IVA…) a una vez al año y replanteará y mejorará el régimen de segunda oportunidad para autónomos, para ayudar a levantarse a todo aquel que haya caído por atreverse a emprender un negocio y generar riqueza.

En lo que se refiere a vivienda, el PP aplicará incentivos fiscales sobre todo a colectivos diana como jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género, municipios con riesgo de despoblación, cascos históricos y núcleos rurales.

Medidas concretas 

El balance no puede ser más positivo. Andalucía ha aprobado cuatro decretos de simplificación administrativa y junto al Plan Andalucía Simplifica se ha reducido en un 90% el número de aplicaciones que se utilizan en la Junta y eliminado 3,5 millones de firmas de funcionarios. Además, la unidad aceleradora de proyectos, pionera en España, trabaja actualmente sobre 136 proyectos del sector industrial, energético, minero, turístico con una inversión valorada en casi 14.000 millones de euros y la generación de casi 50.000 empleos.

Destaca la Línea Abierta contra la hiperregulación de la Comunidad de Madrid que ha modificado o eliminado hasta 343 normas o trámites, la aceleradora de proyectos para proyectos de especial interés y la Ley de Mercado Abierto de reconocimiento de permisos y licencias de otras administraciones para trabajar en Madrid que también es modelo a seguir en toda España.

Extremadura ha recortado a la mitad el plazo de resolución para la obtención del título de familia numerosa con la digitalización de hasta 308 procedimientos puesta en marcha por Extremadura; Baleares ha desarrollado los planes de digitalización y de automatización inteligente para prestaciones y subvenciones y ha aprobado más de 200 modificaciones legislativas para acabar con duplicidades; La Rioja ha impulsado el mayor paquete de simplificación de trámites administrativos o las iniciativas de agilización de la contratación puestas en marcha por Aragón, la Comunidad Valenciana o Castilla y León y Canarias.

Estas medidas tienen como resultado un mayor desarrollo económico, puesto que se reducen los tiempos de tramitación en la contratación pública y se simplifica la documentación a presentar, como se ha hecho desde la Xunta de Galicia con la homogeneización de los pliegos. De momento, en Galicia se han beneficiado 130.000 personas de los servicios personalizados de la administración.